Luis Humberto Herrera Sánchez, su esposa y su madre de más de 90 años, son víctimas del cártel inmobiliario que opera en Veracruz, pues su propiedad, un edificio ruinoso con valor de más de 10 millones de pesos, ubicado en el Centro Histórico, busca apropiárselo una mujer con ayuda de un notario, el Registro Público de la Propiedad, ex funcionarios del Ayuntamiento de Veracruz, jueces y actuarios.
Al conocer la historia del cártel inmobiliario presentado por MILENIO, el agraviado explicó que tienen más de 80 años viviendo en el edificio ubicado en la calle de Mario Molina 416 entre Madero y 5 de Mayo.
Allí nació, ahí falleció su padre, quien era el propietario del edificio que desde 2021 han intentado quitarles y por el cual el lunes 2 de diciembre tienen orden de desalojo.
Siendo alcalde de Veracruz, el hoy diputado local Fernando Yunes Márquez, su director de Obras Públicas Luis Campa y personal de Protección Civil, apoyó el proceso para desalojar a la familia que subsiste de la venta de tamales y antojitos en el frente del edificio ruinoso.
De pronto, el frente del edificio que había aguantado huracanes se desplomó apenas ellos salieron de su casa. Cuando regresaron ya "tenían encima" a la policía municipal, así como una acusación de que Humberto había tirado el techo y la pared.
Poco después comenzó el calvario, pues apareció una supuesta dueña con “escrituras” de 1975, cuando las de ellos tienen casi un siglo.
La mujer de nombre Amada Sánchez Thomas reclamó la propiedad con el apoyo del abogado Andrés Gardoqui Sánchez, familiar de un ex alcalde de Veracruz ya fallecido.
Zayra Luis Díaz Izaguirre, actuaria judicial, les notificó el desalojo ordenado en el Proceso 463/2021 por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna.
Para despojarlos del inmueble y hacer la nueva escritura, policías y personal de gobierno golpearon a la esposa del denunciante, quien desde entonces utiliza bastón para caminar. Necesitaban medir el terreno. Si fueran los dueños realmente sabrían la extensión del mismo.
Presentaron denuncias por los abusos, amenazas de muerte, corrupción y otros delitos que han sido cometidos contra ellos, pero nada próspero.
Lo que sí avanzó fue el procedimiento para quitarles el inmueble, con escrituras falsas.
ksh