Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que emita un llamado "urgente" al Estado mexicano para que exija a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) información sobre la identificación de casi 700 cuerpos encontrados, desde 2017, en fosas irregulares.
Solicitaron que la fiscalía "demuestre las acciones llevadas a cabo para la identificación de los 100 cuerpos recuperados en Tetelcingo, los 93 cuerpos recuperados en Jojutla y los 500 cuerpos que reposan en los Servicios Médicos Forenses".
En el documento de 30 hojas se informa que desde 2015 decenas de familiares de personas desaparecidas habían denunciado "la existencia de una fosa común irregular en la colonia Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla".
A partir de ese reporte, "en la primera fase de exhumaciones fueron recuperados 85 cuerpos, entre los que se encuentran cadáveres con ropas, cadáveres de menores de edad y cadáveres de mujeres con signos de tortura. A la fecha sólo uno ha sido identificado".
Dos años después, en 2017, se realizaron las primeras exhumaciones y desde entonces no existen "avances en las investigaciones e identificación de las personas", por lo que denunciaron que ha habido "inacción" por parte de la fiscalía estatal.
Las organizaciones firmante son los grupos IDHEAS Litigio Estratégico, Colectivo de Búsqueda de Familiares, Regresando a Casa Morelos A.C., entre otras personas que rubricaron de manera individual.
En el mismo documento se destaca el exhortó que han hecho llegar a la fiscalía para la construcción prioritaria de un Centro de Identificación Humana, el cual deberá estar dotado "de las herramientas necesarias para llevar a cabo los peritajes de los casi 700 cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos y de los que se recuperarían de las fosas comunes irregulares a especificar".
Denunciaron "las actuaciones de la FGEM en el manejo de los cuerpos, ocasionan una doble desaparición forzada, poniendo en riesgo años de investigaciones particulares y autogestionadas".
Y se dirigieron al Grupo de Trabajo de la ONU para afirmar que "no podemos entender por qué, en un país que reporta de manera oficial 73 mil 224 personas desaparecidas, la fiscalía estatal no ha avanzado en las investigaciones pertinentes".
"No ha cumplido con el deber de la debida diligencia para crear los perfiles genéticos que permitan cotejar los restos hallados con las familias que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos".
icc