María Herrera y el “código de tránsito” que llevó a la desaparición de dos de sus hijos

A inicios del pasado mes de abril el nombre de María Herrera Magdaleno apareció en la lista de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo de una popular revista estadunidense. ¿El motivo? La incansable lucha que ha emprendido desde hace 15 años para localizar a cuatro de sus hijos que se encuentran desaparecidos.

La herida que dicha problemática ha dejado en México continúa latente y se acentúa con la impunidad que permea el sistema de justicia mexicano, el cual ha resultado ser insuficiente para llevar la verdad a las y los familiares de las más de 111 mil personas que se encuentran bajo el estatus de desaparecidas en el país.

Bases de datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) han registrado año con año los miles de casos de desaparición forzada ocurridos en México, no obstante, más allá de una cifra existen nombres y rostros de personas cuya ausencia continúa siendo un dolor irremediable, tal y como sucedió con la familia Trujillo Herrera.

Los precedentes y la primera desaparición

María Herrera Magdaleno es originaria de Pajacuarán en el estado de Michoacán, se casó con Guillermo Trujillo Adame y juntos formaron una familia que se completaría con sus ocho hijos: María, Rafael, Juan Carlos, Miguen Ángel, Gustavo, Jesús Salvador, Luis Armando y Raúl.

Aquella familia mexicana nunca imaginó que la tragedia azotaría su vida en al menos dos importantes ocasiones. La primera ocurrió el 28 de agosto de 2008 en el estado de Guerrero cuando Raúl y Jesús Trujillo Herrera desaparecieron sin dejar rastro alguno.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los hermanos Trujillo Herrera salieron junto a cinco compañeros de trabajo a un viaje de compra y venta de metales desde Pajacuarán, Michoacán con rumbo a Atoyac en el estado de Guerrero.

Una vez en el municipio guerrerense, habitantes de la localidad les advirtieron sobre una fuerte presencia del crimen organizado que operaba con el "permiso" de autoridades locales e, incluso, les señalaron que aquella noche habría desapariciones como parte de las disputas que sostenían grupos rivales.

Pese a las advertencias, Raúl, Jesús Salvador y sus acompañantes acudieron a un bar, sitio al que posteriormente llegaron integrantes de aquella organización criminal que operaba con el consentimiento de las autoridades. Esa fue la última vez que se les vio.

Tras haber perdido todo tipo de comunicación con los hermanos Trujillo Herrera, sus familiares levantaron la respectiva denuncia por su desaparición y se iniciaron al menos seis carpetas de investigación distintas, incluyendo una en la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las diligencias realizadas por autoridades estatales y federales no dejaron conformes a los demás miembros de la familia, en especial a María Herrera Magdaleno, quien emprendió una tenaz búsqueda por sus propios medios para dar con el paradero de sus dos hijos.

Fue esa lucha por saber qué había pasado con Raúl y Jesús Salvador la que conduciría a una segunda tragedia para la familia Trujillo Herrera tan solo dos años después del primer trágico suceso.

El “código de tránsito”

En 2010 la hegemonía del crimen organizado había atravesado múltiples cambios como consecuencia de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” que el expresidente panista Felipe Calderón impulsó como estrategia de seguridad.

Desde 2006 el país se convirtió en un campo de guerra que cobró la vida de miles de personas a lo largo y ancho del territorio; algunas organizaciones criminales se debilitaron, pero muchas otras alcanzaron su apogeo, como fue el caso de Los Zetas o del Cártel de Sinaloa. Nada fue casualidad.

No es un secreto que a lo largo de décadas la corrupción de grupos delictivos ha permeado múltiples instituciones, dejando a la sociedad civil en el desasosiego, sin autoridad en quien confiar.

Con el objetivo de obtener los recursos suficientes para financiar la búsqueda de Raúl y Jesús Salvador, el 21 de septiembre de 2010 los hermanos Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera salieron de Pajacuarán, Michoacán con rumbo a Vega de Alatorre, Veracruz, en donde concretarían un negocio de compra y venta de metales.

Lo último que se supo sobre su paradero fue que hubo un incidente en la carretera, por lo que llegarían tarde. Nunca se les volvió a ver.

María Herrera Magdaleno y su familia volvieron a investigar la desaparición de ambos jóvenes hasta que corroboraron que en aquel camino existía un punto de revisión de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coaztzintla (PIPTC), cuyos integrantes tenían vínculos con una de las organizaciones criminales más sanguinarias y peligrosas de la época: Los Zetas.

En una reciente entrega que el periodista especialista en crimen organizado, Óscar Balderas, realizó para Milenio se expone como entre 2003 y 2012 los jefes de plaza del cártel de la última letra enseñaron a policías municipales una clave que se usó para desaparecer y asesinar a cientos de personas, de las cuales la mayoría eran hombres jóvenes.

Bastaba con que alguno de los policías al servicio de Los Zetas pronunciara "92 Sierra" a través de un radio o celular para que se advirtiera a la organización criminal la entrada de un vehículo con placas foráneas o un automóvil con dos o más hombres dentro.

Aunque la investigación de Óscar Balderas retrata la situación que se vivía en aquellos años en las carreteras del estado de Coahuila, el caso de los hermanos Trujillo Herrera encaja en el modus operandi a través del cual Los Zetas buscaban "proteger" los territorios que controlaban, entre los que también destacaba el estado de Veracruz.

Una vez que los retenes de policías municipales detenían a vehículos sospechosos, se comunicaban con sus líderes criminales para describirles a los pasajeros y la matrícula. De este modo, Los Zetas decidían si dejarlos ir o llevarlos a un atroz interrogatorio del que casi nunca salían con vida.

“Entre esos trabajos estaba la '92 Sierra', que era la orden especial para ejecutar acciones a favor de Los Zetas dentro de la compañía. Lo que llegué a realizar fueron acciones de protección, pero mi especialidad eran los retenes en donde yo tenía la obligación de detener a todos los vehículos que tuvieran placas de fuera de otros estados y especialmente los que iban con dos o más masculinos a bordo (...) Quiero manifestar que yo efectivamente detuve a las personas", declaró un ex policía municipal de Monclova que simultáneamente era halcón de Los Zetas en el expediente 109/2014 del Poder Judicial del Estado de Coahuila consultado por Óscar Balderas para Milenio.

Al igual que con sus primeros dos hijos, María Herrera Magdaleno denunció de forma inmediata la desaparición de Luis Armando y Gustavo; incluso le proporcionó a autoridades la información obtenida a través de su búsqueda independiente pero la respuesta fue la misma: trámites burocráticos interminables y ningún resultado.

El Centro Prodh sostiene que la inacción de las autoridades orilló a la familia Trujillo Herrera a aprender a dar seguimiento a sus investigaciones penales, así como a sus búsquedas de campo, la situación de inseguridad en el país y la posible colusión de ciertas autoridades con diferentes grupos del crimen organizado.

Desde entonces, la familia Trujillo Herrera -y en especial María- adoptaron el activismo como su eje de vida y acompañan a otras familias, colectivos de búsqueda y movimientos que impulsan diligencias contra la desaparición forzada a nivel nacional.

María Herrera Magdaleno logró resignificar la desaparición de sus cuatro hijos en una incesable labor social, no obstante, el dolor que aquella “clave de tránsito” dejó en su núcleo familiar continúa latente, incluso 15 años después.

ATJ