Un alto funcionario del Banco de México perdió un recurso legal promovido ante un tribunal federal para evitar que se difundieran los datos de su declaración patrimonial.
El inconforme es un servidor público que tiene un nivel salarial en el que percibe más de 200 mil pesos al mes, según fuentes consultadas por MILENIO.
Luego de que el año pasado un juzgado federal desechó la solicitud de amparo que promovió el funcionario, éste recurrió ante un tribunal colegiado, pero tuvo la misma suerte.
El 26 de noviembre de 2020, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el recurso promovido por el funcionario en contra del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA y del acuerdo en el que se aprobaron los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales.
Sin embargo, el juez sobreseyó el reclamo debido a que fue presentado en un momento en el que el acuerdo todavía no cobraba efecto y no le causaba afectación al quejoso.
“Este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la sola entrada en vigor del acuerdo impugnado no le causa perjuicio alguno al quejoso, en virtud de que es de naturaleza heteroaplicativa”, argumentó en la sentencia.
Añadió que “el órgano jurisdiccional considera que en el caso particular se está ante normas de naturaleza heteroaplicativa, en tanto que las hipótesis que las contienen no cobran eficacia por su sola entrada en vigor, sino que sus efectos requieren de un acto posterior de autoridad a fin de poder materializar la obligación correspondiente en la esfera jurídica del destinatario”.
El juzgador también expresó que “del análisis de los preceptos transcritos se aprecia que la obligación de presentar la declaración patrimonial conforme a los formatos previamente aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se encuentra condicionada a que, como en el caso particular, el Órgano Interno de Control del Banco de México –al ser la institución en la que labora el quejoso- emita las normas bajo los cuales sus servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial”.
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Ante este sobreseimiento del juzgado de distrito, el inconforme presentó un recurso de revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero éste también sobreseyó el asunto en una resolución emitida el 22 de septiembre pasado.
Al no prosperar ante la justicia federal, el servidor público tiene que presentar su declaración patrimonial como todos los demás funcionarios públicos y permitir que se hagan visibles los datos de su patrimonio que los nuevos formatos indican, los cuales buscan hacer más exhaustiva la publicidad de las declaraciones, sin que eso signifique atentar contra la protección de datos personales.
Como ese recurso, existen alrededor de 15 amparos que fueron promovidos por empleados del Banco de México, de los cuales cinco ya fueron sobreseídos en primera instancia y éste es el primero que se desecha en segunda instancia.
A este caso se suman también un amparo promovido por personal de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y uno promovido por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en los que los magistrados sobreseyeron los reclamos.
DMZ