Un hombre identificado como vecino del fraccionamiento Rancho Don Antonio en Tizayuca, Hidalgo, fue detenido por elementos de la policía investigadora de la Procuraduría de Justicia estatal como parte de las investigaciones por la desaparición de la niña Nicole Santos Palafox.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la fiscalía hidalguense dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una persona identificada con las iniciales M. A. H. P., por desaparición cometida por particulares agravada, cometida en agravio de una menor de edad en Tizayuca.
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El mandamiento judicial se cumplimentó en Tizayuca luego de que agentes del Ministerio Público se allegaran de datos de prueba contra del probable, mismos que se presentaron ante un juez de control para que este librara la orden de aprehensión.
El Ministerio Público ha solicitado fecha y hora para el desarrollo de la audiencia inicial en la que hará la formulación de la imputación con la finalidad de que se obtenga la vinculación a proceso del probable.
Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo continúa la búsqueda de la persona menor de edad Nicole Santos Palafox, de 7 años, quien cumplirá este martes una semana de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares, luego de denunciar que fue sustraída del interior de su zona habitacional.
Sentencia de 7 años
Una agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo sentencia condenatoria de 7 años 6 meses de prisión en contra de una persona por abuso sexual agravado.
Los hechos por los cuales G. C. A., fue sentenciado, ocurrieron en noviembre del 2018 en un fraccionamiento ubicado en Tizayuca, en el momento en el que la persona antes mencionada al encontrarse bañando a la víctima le hizo tocamientos.
De lo anterior tuvo conocimiento la PGJEH mediante el inicio de la carpeta de investigación por parte del padre de la menor afectada, quien de manera inmediata recibió atención multidisciplinaria por parte de un equipo de especialistas.
Una agente del ministerio público adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad se encargó de reunir los datos de prueba contra el imputado para solicitar a la autoridad judicial su vinculación a proceso.
Por lo anterior G. C. A., renunció de manera expresa a su derecho a un juicio oral y solicitó al juez la terminación anticipada de su proceso, por lo que aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron imputados.
Mediante un procedimiento abreviado, el juez de control emitió un fallo condenatorio en contra del responsable de abuso sexual agravado y dictó una sentencia de 7 años y 6 meses de prisión, una multa económica, así como la suspensión de sus derechos políticos.