La dirigente de los comerciantes del centro de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear una comisión de la verdad sobre su caso, para que investigue adecuadamente y haya el cumplimiento de los parámetros de debida diligencia establecidos en los estándares interamericanos y el Protocolo de Estambul.
“Soy víctima de persecución política y de un uso indebido del sistema penal para criminalizarme por defender y levantar la voz en defensa del derecho al trabajo y a una vida digna de miles de personas que se autoemplean en el espacio público como comerciantes populares, que es la única oportunidad que se tiene hoy para alimentar a sus familias ante la crisis económica agravada por el covid”, manifestó Sánchez Barrios en una carta dirigida a la CIDH.
La dirigente de los comerciantes también denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha justificado el aseguramiento de sus cuentas aduciendo la existencia de investigaciones por lavado de dinero, aún cuando al día de no hay registro alguno de que sea investigada por ese delito.
La gestión de Sánchez Barrios se llevó a cabo durante el 181 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que se celebra en Washington del 18 al 29 de octubre y es una de las principales actividades del organismo creado por la OEA hace 61 años y que busca promover la observancia y la defensa de estas garantías en las Américas.
Su misión es llevar a cabo reuniones con la sociedad civil para recibir información directa sobre la situación real de los derechos humanos en la región. En este contexto, el caso de Diana Sánchez Barrios fue seleccionado entre cientos de todo el continente que anualmente se presentan para su análisis y resolución por parte de los expertos internacionales.
En el expedinte que se hizo llegar a la CIDH, Diana Sánchez Barrios argumentó ser una mujer transexual defensora de los derechos humanos y madre de tres niños de 5, 3 y un año, acusada de extorsión y robo en pandilla, lo que es totalmente falso.
“Yo impulsé la primera iniciativa de ley respaldada por más de 45 mil ciudadanos en situación vulnerable. Lo que busca un marco jurídico para quienes se autoemplean.”
Por la tarde, más de 200 comerciantes que se dieron cita en las afueras de la ex sede del Senado, en las calles de Xicoténcatl para conocer la demanda ante la CIDH y partir de ahí al Zócalo capitalino en una marcha de exigencias en favor de Diana Sánchez Barrios, la cual culminó en las oficinas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para solicitarle una audiencia para que de revisión del caso, por las inconsistencias y violaciones a su debido proceso, debida defensa y a su presunción de inocencia.
“He sido víctima de tortura y se me han negado el derecho a la salud ya que requiero tratamientos. He sido víctima de violencia física y verbal por mis compañeras reclusas y el personal de centro penitenciario, señaló la líder de comerciantes en su carta ante la CIDH.
No pido un trato especial sino un debido proceso transparente”, concluyó.
DMZ