El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó adoptar medidas estrictas de control y contención del gasto, ante la disminución de su presupuesto para este año, lo que empezó a generar molestia entre los trabajadores, algunos de los cuales proponen irse a huelga.
El viernes 10 de enero, el Pleno del órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales aprobó la dispersión del presupuesto, derivado del recorte de 13 mil 117.2 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo a los recursos solicitados por esta institución.
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¿De cuánto fue el presupuesto autorizado?
El presupuesto autorizado al CJF fue de 62 mil 025.5 millones de pesos, lo que representa una disminución del 17.1%, respecto de lo presupuestado para 2025 y del 13.4% en términos reales por debajo de lo autorizado en el ejercicio 2024.
Por lo que se estableció que, pese a la reducción presupuestal se respetarán los salarios y prestaciones de la totalidad de los trabajadores, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Pero con un ajuste a las asignaciones adicionales y a las reglas de operación del Seguro de Operación Individualizado (Segsei) y Fondo de Reserva Individualizado (Fori), limitando el porcentaje de aportaciones por parte de la institución al 2%, con independencia del porcentaje que aporten las y los trabajadores.
¿Qué dijo el CJF?
A través de un comunicado interno, el CJF informó que en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, esta misma semana iniciarán las gestiones para su obtención y que no se vea afectado el pago de la tercera asignación adicional y se pueda aumentar el porcentaje del Segsei y Fori.
Puntualizó que, lo anterior, se hará en cumplimiento a lo dialogado con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para gestionar una ampliación al presupuesto.
Trabajadores del PJF protestan en Jalisco
Mientras tanto, en Jalisco, trabajadores del Tercer Circuito protestaron ante el anuncio y en las próximas horas definirán si organizan una huelga.
Por su parte, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C., señaló que el “ajuste” a las asignaciones adicionales (bonos) y a las reglas de operación del Segsei y Fori, es una afectación a derechos adquiridos de los trabajadores.
“Si bien se menciona que se ‘respetarán’ los salarios, se pasa por alto que las prestaciones son parte integral de éstos, por lo que el ‘ajuste’- entiéndase disminución— desde luego que constituye una lesión a tales derechos”.
“Estamos en contra de la postura asumida por el CJF, la que desde luego va en contra del décimo transitorio del Decreto de reforma al PFJ, publicado el 15 de septiembre de 2024; el cual —según el dicho de la propia presidenta de la República— garantiza la totalidad de los derechos de las personas trabajadoras”, indicó.
Por ello, emplazaron al CJF para que, en todo caso, el ajuste presupuestario lo aplique en áreas de menor importancia que los derechos de las personas trabajadoras y con ello se tutele la protección constitucional que corresponde.
Asimismo, hicieron un “llamado urgente” al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y al Sindicato de Renovación para que se pronuncien de manera inmediata sobre las medidas que tomarán en defensa de los derechos laborales adquiridos, independientemente de las acciones que surjan de la base trabajadora.
“Presenten un plan de acción concreto para contrarrestar estas medidas que afectan directamente a sus agremiados. Convoquen a una asamblea general extraordinaria para discutir y determinar las acciones colectivas a implementar”.
Piden a Corte respetar condiciones de trabajo
A su vez, la Asociación Mexicana de Trabajadoras del PJF, hizo un enérgico llamado al CJF y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a respetar las condiciones generales de trabajo vigentes de todas las personas que laboran en esta institución.
“Exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal asuma su responsabilidad de respetar y proteger los derechos de las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial, quienes en su mayoría somos cabezas de familia y principales proveedoras en nuestros hogares. Vulnerar nuestras condiciones laborales no solo implica un atropello a derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de miles de familias que dependen de nosotras”.
“El respeto a las condiciones generales de trabajo es indispensable para garantizar un entorno laboral digno, equitativo y justo. Dichas condiciones no solo constituyen derechos conquistados a lo largo de los años, sino que también son esenciales para que podamos desempeñar nuestras funciones con el profesionalismo, la entrega y el compromiso que caracteriza a las trabajadoras del Poder Judicial”, apuntaron.
Exhortaron al consejo a actuar con apego a los principios de legalidad, justicia y perspectiva de género, y a reconocer la importancia de las mujeres trabajadoras como columna vertebral de esta institución.
RM