La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró un límite antes de poder llegar a supervisar dos centros penitenciarios en Sinaloa: el riesgo para el personal encargado de supervisar las condiciones de reclusión.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, la CNDH documentó que no pudo aplicar sus instrumentos de evaluación en el Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en Culiacán, ni en el Centro Penitenciario Región del Évora, en el municipio de Angostura.
La decisión se tomó por razones de seguridad. Según el apartado metodológico del diagnóstico, durante el periodo programado para las visitas aumentaron los riesgos relacionados con la actividad de la delincuencia organizada en Sinaloa, incluidos los registrados en las vías de comunicación entre Culiacán y Angostura.
A esto se sumó el incremento de la violencia del que se tuvo conocimiento al interior de ambos centros.
La Comisión señaló que esas condiciones impidieron garantizar la seguridad mínima necesaria para el traslado y el desarrollo de las inspecciones, por lo que el organismo no aplicó las guías de supervisión.
Como consecuencia, el diagnóstico no incluye una calificación para ninguno de estos dos centros, ni una evaluación presencial de sus condiciones de internamiento.
Cárceles en Sinaloa están en zonas de riesgo
Aguaruto se encuentra en Culiacán, capital de Sinaloa, y el Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura, en la región centro-norte del estado. Son dos de los cuatro centros penitenciarios estatales.
Los otros dos, El Castillo, en Mazatlán, y Goros II, en Ahome, sí fueron evaluados y obtuvieron 5.25 y 4.79 puntos, con una calificación estatal de 5.02. La CNDH destacó expresamente los riesgos en las vías de comunicación entre Culiacán y los municipios de la región del Évora.
Culiacán es uno de los municipios donde las autoridades federales identificaron operaciones de células vinculadas con distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
A principios de 2026, autoridades estatales atribuyeron los enfrentamientos dentro de Aguaruto a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control interno. En julio, además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó de operaciones en Culiacán contra una célula del Cártel del Pacífico identificada como parte de la facción de Los Menores, con detenciones y aseguramientos.
Es importante señalar que las fuentes oficiales consultadas documentan esa actividad criminal, pero no establecen de manera concluyente qué grupo ejerce el control dominante sobre el entorno de cada penal ni sobre sus módulos.
El DNSP 2025 no ofrece cifras de capacidad ni de ocupación de ambos penales, porque las guías no fueron aplicadas, y las cifras oficiales disponibles varían según el corte y el registro.
El Programa Sectorial de Seguridad Pública de Sinaloa 2022-2027 reportó para Aguaruto una capacidad de 2 mil 945 hombres y 132 mujeres, y para Región del Évora, de 100 hombres y 50 mujeres.
Objetos prohibidos en las cárceles
Aunque la CNDH no realizó las visitas, existen registros oficiales de intervenciones de seguridad en ambos establecimientos.
En Aguaruto, el gobierno de Sinaloa informó que el 21 de mayo de 2025 un reporte de detonaciones de arma de fuego motivó la intervención de un grupo interinstitucional; el 31 de diciembre de 2025, la SSP estatal informó de una revisión en dos módulos con el aseguramiento de presunta marihuana, un teléfono celular, tarjetas SIM, punzones y latas de cerveza.
El 31 de mayo de 2026, una riña en el módulo siete dejó siete internos muertos, de acuerdo con la SSP.
En el Centro Penitenciario Región del Évora, la SSP informó, el 31 de enero de 2026, del aseguramiento de 19 puntas hechizas, encendedores, desarmadores, tijeras, una tableta y un taladro en un módulo; en abril, otro operativo en el módulo varonil permitió localizar teléfonos celulares, cargadores, cables, puntas hechizas, memorias USB y herramientas.
Estos comunicados describen acciones concretas, pero no ofrecen una evaluación integral de la alimentación, la atención médica, la higiene, la suficiencia de custodios, la prevención de la violencia ni los mecanismos de queja, ni permiten concluir que las condiciones fueran idénticas a las del periodo en que la CNDH había programado sus visitas.
Quejas y antecedentes de derechos humanos
Pero las preocupaciones sobre la situación penitenciaria no se limitan a la supervisión nacional: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) reportó, en un informe especial sobre los centros penitenciarios, 281 quejas contra autoridades penitenciarias entre 2016 y julio de 2023; de las que 153 correspondieron a Aguaruto y 10 a Región del Évora.
En junio de 2024, la CEDH emitió la Recomendación 13/2024 por violaciones a los derechos a la salud y a la vida de una mujer privada de la libertad en Región del Évora, al acreditar omisiones en su atención de salud mental; y en octubre de 2025, el organismo se pronunció sobre revisiones en Aguaruto tras recibir denuncias de familiares por presuntos malos tratos.
En este caso, señaló que, a partir de testimonios y evidencias recabadas, había observado excesos en esas revisiones y exhortó a las autoridades a garantizar que se realicen con respeto a los derechos humanos.
Es importante señalar que estos antecedentes no permiten afirmar que las mismas irregularidades persistan actualmente.
¿Cómo supervisar cuando una visita no es posible?
La CNDH explica, en su metodología, que el diagnóstico se construye mediante información cuantitativa y cualitativa: entrevistas con personal del centro, recorridos por las instalaciones y entrevistas con personas privadas de la libertad.
Esta combinación permite valorar las condiciones de estancia, seguridad, orden, salud, alimentación e higiene, así como los programas de reinserción, por lo que, sin una visita presencial, queda sin comprobar parte de la información que normalmente alimenta la evaluación.
También es importante señalar que la documentación consultada no permite establecer si la CNDH aplicó una metodología sustitutiva para estos dos centros ni cuándo podría reprogramarse una visita.
El DNSP 2025 deja así un vacío documentado: dos centros quedaron fuera de la supervisión nacional por riesgos relacionados tanto con el entorno como con el interior de las prisiones.
En este sentido, la ausencia de evaluaciones directas no implica que exista una falla adicional de las autoridades, pero tampoco elimina la obligación de rendir cuentas sobre las condiciones de reclusión.
RM