Un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión provisional otorgada a Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la cual impide que se ejecuten las órdenes de aprehensión en su contra o que se le obligue a comparecer.
Por unanimidad, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundado el recurso de queja que interpuso el Ministerio Público Federal a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual buscaba echar abajo la medida cautelar.
Las autoridades locales argumentaron que la medida cautelar no cumple con los requisitos mínimos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la suspensión provisional al ex comisionado, quien fue detenido el 2 de abril en España.
La suspensión evita que lo detengan sólo por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Funcionarios federales reconocieron que el gobierno de México no había solicitado la detención provisional con fines de extradición; solo pidió a Interpol la emisión de una ficha roja para localizar al prófugo de la justicia.
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La jueza Núñez Solorio publicó un acuerdo donde notificó que Edgar Tungüí presentó un escrito donde manifiesta que busca desistirse del juicio de amparo. Sin embargo, la juez señaló que el escrito tiene que ser ratificado.
“Las promociones de las partes en un juicio -entre las cuales se encuentra el desistimiento- tienen la naturaleza de actos jurídicos, pues son manifestaciones de la voluntad de las partes que tienen como finalidad la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. En el caso del escrito por el que se presenta el desistimiento de la instancia o demanda, éste resulta ser una manifestación de voluntad que pretende la extinción de los derechos y obligaciones que se generaron al presentarse la demanda”, detalla el acuerdo.
De acuerdo con antecedentes del caso, la fiscalía capitalina obtuvo por parte de un juez local tres órdenes de aprehensión contra el ex servidor público por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Se presume que el ex funcionario que laboró en la administración de Miguel Ángel Mancera, autorizó apoyos económicos a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, sin haber reunido los requisitos establecidos en los casos de inmuebles en las colonias Popular Rastro y en la Roma, así como 116 millones para los residentes de 390 departamentos en la colonia Moderna.
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