DOMINGA.– En el Día del Trabajo de 2024, la militancia de Morena en Tierra Caliente, Michoacán, se levantó temprano para alistar el evento más esperado del año. Al día siguiente, 2 de mayo, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum haría un mitin en la plaza municipal de Apatzingán, el epicentro de la batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.
Decenas de morenistas habían aprovechado el día feriado para decorar la explanada. Mientras unos colgaban listones guindas, otros podaban las jardineras y pintaban los bordes de las banquetas. Otros invitaban a sus vecinos caminando de puerta a puerta. El ánimo era inmejorable entre los obradoristas. Una semana antes, La Doctora había vencido otra vez a su rival Xóchitl Gálvez en un debate presidencial y las encuestas la ubicaban, en promedio, 20 puntos arriba del segundo lugar. Otro sexenio morenista lucía imparable.
La derrota electoral no preocupaba a la militancia de Morena. Tampoco les angustiaba la falta de asistentes. Menos que el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, quisiera boicotear el evento de la candidata presidencial para alargar su disputa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo algo mantenía en vilo a los organizadores: que el crimen organizado se hiciera presente en el evento. La sola imagen de una balacera entre los asistentes o un atentado contra la casi futura presidenta quitaba el sueño a los promotores.
Un día antes, 30 de abril, dos cadáveres con el tiro de gracia fueron descubiertos en una casa deshabitada en la carretera de Apatzingán. Y horas antes del hallazgo, en pleno centro municipal, el dueño de una mueblería fue asesinado por un sicario que reclamaba un retraso en el pago del derecho de piso. El crimen organizado quería hacerse notar en la agenda electoral y el llamado del alcalde José Luis Cruz Lucatero a una tregua entre cárteles había fracasado.
Acaso por eso, al mediodía, los trabajos se detuvieron. Desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la militancia morenista recibió una desanimadora noticia: La Doctora había decidido, de último momento, no visitar Apatzingán y cambiar el mitin a Chilchota. Luego, continuaría por Zamora y Uruapan. La versión oficial insistía en que el cambio en la agenda no estaba relacionado con la inseguridad, sino con una nueva estrategia para visitar el mayor número de personas posibles en la última recta de la campaña. En el pueblo casi nadie les creyó.
Abatidos, los organizadores desmontaron la fiesta. Listones, globos, confeti, todo se guardó en el comité local de Morena. La mayoría lucía triste, aunque en el fondo también sentían un alivio callado: se rumoraba que un extorsionador muy conocido en la zona quería llegar hasta Sheinbaum para entregarle una carta con un contenido desconocido. Una maniobra de altísimo riesgo para la candidata presidencial. Para fortuna de los apatzinguenses, el plan de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, se había frustrado con la cancelación del mitin.
García Harfuch puso fin a la estrategia “Abrazos, no balazos”
Por aquellos días, Claudia Sheinbaum estaba segura de su triunfo. Todas las encuestas anunciaban una victoria sin sobresaltos. Así que, en plena campaña presidencial, la morenista convocó a su equipo de trabajo con una instrucción: que cada futuro secretario de Estado presentara un plan de trabajo pensando en los primeros 100 días del próximo sexenio.
En la mesa se encontraba Omar García Harfuch, quien se enfilaba para ser senador pero ya contemplaba pedir licencia para separarse de su curul y convertirse en el siguiente secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El exjefe de la policía capitalina puso manos a la obra y trazó un complejo proyecto que abarcaría de 1 de octubre de 2024 al 7 de enero de 2025. El documento implícitamente pondría fin a la estrategia “Abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador e inauguraba la etapa “Cero impunidad” de la primera presidenta de México. Además de mostrar sus prioridades como encargado de la seguridad del país, definiría su estilo de trabajo policiaco en un gobierno de izquierda.
García Harfuch decidió que jugaría su capital político en la disminución de la incidencia delictiva en 10 municipios con más homicidios dolosos, la seguridad en Chiapas, una nueva estrategia de seguridad en carreteras y en reforzar con recursos tecnológicos las actividades de inteligencia criminal.
Y sumó una tarea ambiciosa: atender la extorsión presencial contra los limoneros en Michoacán, especialmente en los municipios Nueva Italia, Antúnez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. Desde entonces, El Bótox y su grupo, Los Blancos de Troya, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaban en la mira de García Harfuch.
El 2 de junio por la noche, con la confirmación del triunfo electoral con 35.9 millones de votos para la coalición Sigamos Haciendo Historia, que postuló a Claudia Sheinbaum, él empezó a transformar aquel borrador en una estrategia nacional.
Pero 53 días después un suceso inesperado cambió a México: el 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, traicionó al amigo más querido de su padre y entregó a Ismael El Mayo Zambada a autoridades estadounidenses en una pista de aterrizaje en Santa Teresa, Nuevo México. Semanas más tarde, el 9 de septiembre, Sinaloa se volvió el epicentro de una guerra entre Los Chapitos y La Mayiza que continúa hasta nuestros días.
Sheinbaum aún no era presidenta constitucional ni García Harfuch secretario de Estado, pero sus planes de seguridad tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. Sinaloa, que no estaba en la estrategia de los primeros 100 días, se colocó al centro de la discusión. La atención a los limoneros extorsionados perdió altura en la lista de prioridades. El Bótox ganaba tiempo, mientras los muertos se apilaban en Culiacán.
Luego de Sinaloa, Michoacán volvió a las primeras planas
La “guerra en Sinaloa” acaparó la atención del gabinete de seguridad en el arranque del nuevo sexenio y el fin de 2024. Luego, en el inicio de 2025, el republicano Donald Trump regresó a la Casa Blanca y México trasladó 29 narcotraficantes de alto perfil hacia Estados Unidos para evitar una guerra arancelaria. Luego mandaría otros 26 capos y, hace unas semanas, a 37 más para acumular 92 criminales expulsados.
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un campo de adiestramiento llamado Rancho Izaguirre, a 40 minutos de Guadalajara, y el dolor nacional se volcó al reclutamiento forzado. Luego, ese punzón se movió a una masacre en San Bartolo de Berrios, las batallas en Fresnillo, las desapariciones en Culiacán, los cadáveres de los músicos de Grupo Fugitivo en Reynosa, seis cabezas cercenadas en Tlaxcala, el arresto del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco Hernán Bermúdez, el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Cocula y más.
El sufrimiento de los limoneros parecía diluirse entre las tragedias cotidianas del año hasta que Michoacán volvió a las primeras planas por un homicidio de alto perfil: el 19 de octubre de 2025 fue asesinado en Apatzingán el líder limonero Bernardo Bravo, poseedor de una de las pocas voces que exigía a gritos que el gobierno federal pusiera su atención en los olvidados de Tierra Caliente.
Al día siguiente del crimen arribaron a Michoacán agentes federales para iniciar las investigaciones. Pronto supieron que, dos semanas antes, el activista limonero había sido secuestrado y liberado al cabo de unas horas por un grupo armado; pero días más tarde fue obligado a asistir a una reunión en la comunidad Cenobio Moreno, donde sus captores lo asesinaron con un arma calibre .38.
Todas las evidencias apuntaban al grupo criminal Blancos de Troya, socios de Los Viagras y aliados de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Y en cada testimonio un nombre aparecía siempre en la conversación: el líder de los “troyanos”, César Sepúlveda, El Bótox.
El 23 de octubre, menos de 100 horas después del asesinato de Bernardo Bravo, el gobierno federal junto con el estatal pusieron en marcha el plan para detenerlo. Esta vez no habría distracciones. El Estado contra un criminal.
‘El Botox’ ya estaba en la lista roja de terroristas de Estados Unidos
En realidad, la suerte del Bótox estaba echada desde antes. El 14 de agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había incluido en su lista roja de terroristas y había anunciado la oferta de una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. El gobierno michoacano y el federal cerraban la pinza.
A pesar de su valor, El Bótox es un criminal poco conocido fuera de Tierra Caliente; pero dentro de ese territorio se le ubica como un falso autodefensa que en 2013 se unió al doctor José Manuel Mireles –fundador de las autodefensas– para luchar contra los abusos de Los Caballeros Templarios. Tras la detención de Servando Gómez, La Tuta, El Bótox reveló su talante criminal y tomó el lugar de sus enemigos como un implacable extorsionador.
Corto en palabras pero largo en violencia, logró tejer una red de cómplices que lo respetaban y temían por igual. En 2018, esa habilidad para infiltrarse en la política local quedó al descubierto cuando lo detuvieron en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de un funcionario público michoacano. El lugar de su arresto fue la casa de Samuel Sotelo Salgado, exconsejero jurídico del gobierno de Morelos durante la administración de Graco Ramírez, y exsecretario de Gobierno durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual diputado federal por Morena.
Pero gracias a sus contactos, El Bótox volvió rápido a las calles y se refugió en la comunidad Cenobio Moreno, donde aún vive su familia. Ahí profundizó su carrera criminal no sólo extorsionando a los limoneros; también robaba las ganancias de los cultivadores de papaya, toronja, mango, melón, guayaba y más. Exigía dinero por cada vehículo nuevo, terreno comprado, negocio abierto y hasta por cada módem casero para conectarse a internet.
En la cima del poder criminal, en 2021, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia del Ejército mexicano lo ubicó también como controlador de la compra y venta de pollo, el reciclaje y licencias de vinos y licores, además del narcomenudeo y secuestro. Él sólo era capaz de ahuyentar las pocas inversiones en la zona, causar la pérdida de cientos de empleos y frenar el desarrollo regional.
Su captura pasó de urgente a un tema de seguridad nacional 13 días después del homicidio de Bernardo Bravo: el 1 de noviembre, durante las celebraciones de Día de Muertos, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, conocido en el país por su estilo abiertamente confrontativo con el crimen organizado.
La noticia del magnicidio llegó rápidamente hasta Washington. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo en conferencia de prensa que el presidente Donald Trump “está al tanto de lo ocurrido”, una frase que cargaba con la amenaza de una intervención estadounidense bajo el pretexto de que el gobierno mexicano no podía neutralizar a los cárteles de las drogas.
La presión aumentó con el desarrollo de las investigaciones: la viuda Grecia Quiroz y su equipo, El Movimiento del Sombrero, apuntaron a que los autores intelectuales de la muerte de Manzo tenían lazos con la política estatal. Esa línea de investigación conducía al Bótox como autor material, una teoría que sigue su curso.
El Bótox pidió la intervención de Estados Unidos en un video viral
El gobierno mexicano integró un plan urgente para detenerlo. No escatimaron en datos y escarbaron en cada detención de su círculo cercano para armar un operativo quirúrgico: revisaron con lupa los informes de las detenciones de su pareja Blanca, su hijo César Alejandro , su hija Sandra y su yerno Gerardo, así como el expediente de su primo prófugo ‘El Jando’.
El Bótox, consciente de que se desataría una cacería en su contra, hizo un movimiento desesperado: grabó y publicó en redes sociales tres videos en el que se quejaba de que el gobierno mexicano le pusiera tanta atención y llamó a la administración de Donald Trump a invadir el país para llevarse a criminales peores que él. “Me andan buscando”, lamentó el capo, considerando una injusticia que se le viera como objetivo prioritario. Una última pataleta. Una maniobra desesperada de quien sabe que el tiempo corre en su contra.
Finalmente, el jueves 22 de enero, el gobierno federal, junto con la administración del gobernador Alfredo Bedolla, lanzó el operativo. La señal de que El Bótox estaba perdido apareció en el aire: una parvada de helicópteros militares y artillados sobrevoló Cenobio Moreno, mientras un grupo de fuerzas especiales rodeaba una casa en Santa Ana Amatlán, donde todos en el pueblo sabían que vivía despreocupado, casi siempre pegado a una botella de ron o whisky.
El operativo tomó menos de 20 minutos. El jefe de Los Blancos de Troya dormía y dos cómplices, El Pánico y El Greñas, cuidaban su sueño cuando los agentes federales y estatales irrumpieron en la casa. Ninguno pudo usar sus armas. El Bótox quiso escapar por la ventana del baño cuando vio que en el patio también lo esperaban para detenerlo. Levantó las manos y se arrodilló en señal de rendición.
En las horas siguientes, El Bótox fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México; mientras se acomodaba en una celda donde el foco nunca se apaga, fuerzas federales catearon 19 de casas en Cenobio Moreno, propiedad de su grupo delictivo. Encontraron pagarés firmados por sus víctimas de extorsión, listas de adeudos, armas, drogas y tablas de madera con las que torturaba a los morosos. Evidencia que integrará el expediente de este criminal que probablemente será expulsado de México y enviado hacia Estados Unidos.
A los 43 años concluyó la carrera criminal de César Alejando Sepúlveda Arellano, el hombre que unió a la Casa Blanca, Palacio Nacional y Michoacán en su contra. Nunca pudo entregar esa carta misteriosa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay bótox que no estiran el tiempo.
GSC/ATJ