Al entregar al piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, el gobierno mexicano cedió la oportunidad de obtener información clave sobre la estructura de la facción de Los Chapitos.
Lo que ahora ocurrirá bajo la justicia estadunidense, pues Mauro Alberto Núñez Ojeda quedó obligado a revelar a autoridades de ese país información sobre sus bienes, propiedades, cuentas bancarias, movimientos financieros y activos transferidos a terceras personas, incluidos aquellos ubicados en México
La obligación quedó plasmada en el acuerdo de culpabilidad que la Fiscalía de Estados Unidos presentó ante la corte federal para el distrito de Columbia dentro del proceso penal contra Núñez Ojeda, El Jando, identificado por autoridades estadunidenses como la persona que pilotó la aeronave que sacó a El Mayo de territorio mexicano.
Proceso judicial de El Jando en EU
En un documento complementario, denominado relación conjunta de hechos aceptados, el propio acusado reconoció bajo protesta de decir verdad las actividades que desempeñó durante más de una década dentro del Cártel de Sinaloa, mismas que sirvieron de base para que el juez aceptara su declaración de culpabilidad.
De acuerdo con el acuerdo judicial, Núñez Ojeda deberá comparecer cuantas veces sea requerido para responder preguntas sobre el patrimonio que conserva y sobre los bienes que haya vendido, transferido, depositado o colocado bajo el control de otras personas.
Además, aceptó entregar toda la documentación financiera que le soliciten las autoridades, presentar una declaración completa de su patrimonio y firmar los documentos necesarios para facilitar el decomiso de activos obtenidos mediante actividades ilícitas.
El convenio establece que esos bienes pueden localizarse tanto dentro como fuera de Estados Unidos y menciona expresamente propiedades susceptibles de decomiso en México, Colombia y Guatemala, aunque aclara que esa relación no limita la búsqueda de otros activos.
También quedó comprometido a colaborar en los procedimientos judiciales relacionados con esos bienes y a realizar las gestiones necesarias para que el gobierno estadunidense pueda obtener la propiedad de los activos sujetos a decomiso.
El acuerdo no lo obliga de manera general a declarar contra todos los integrantes del Cártel de Sinaloa ni contiene una promesa expresa de reducción de sentencia a cambio de cooperación.
Sin embargo, sí abre la puerta para que autoridades estadunidenses e incluso extranjeras lo interroguen sobre dinero, propiedades, cuentas bancarias y operaciones financieras relacionadas con la organización criminal en la que admitió haber participado entre enero de 2014 y abril de 2025.
La relevancia de esa información radica en el nivel de responsabilidad que el propio acusado reconoció dentro del Cártel de Sinaloa.
Rol de El Jando en el Cártel de Sinaloa
En la relación de hechos aceptados, Núñez Ojeda admitió que su función iba mucho más allá de pilotar aeronaves. Reconoció que administraba una flota de aviones y helicópteros utilizada por la organización, coordinaba pilotos, mecánicos y personal de mantenimiento, organizaba planes de vuelo y dirigía al personal encargado de recibir y despachar las aeronaves en los puntos de operación.
Las aeronaves —entre ellas Cessna Caravan, Piper, King Air y Cessna 206— eran utilizadas para trasladar dirigentes del cártel, cargamentos de cocaína, armas, equipos de comunicación y otros integrantes de la organización desde las inmediaciones de Culiacán hacia distintos puntos de Sinaloa y otras regiones del País.
También reconoció que transportaba por vía aérea a líderes del grupo para asistir a reuniones relacionadas con el narcotráfico o para ayudarlos a evadir operativos de autoridades civiles y militares.
El documento también establece que trasladó armas destinadas a integrantes del Cártel de Sinaloa que participaban en enfrentamientos contra organizaciones rivales y contra facciones internas de la propia organización.
Núñez Ojeda confesó que inicialmente trabajó como secretario y escolta armado de Óscar Medina Noé González, El Panu, identificado como un operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa. Posteriormente, pasó a trabajar directamente para Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de Los Chapitos, para quien continuó realizando operaciones aéreas.
Entre los hechos que aceptó figura un vuelo realizado en 2017 hacia una pista clandestina en Costa Rica, donde recogió aproximadamente 400 kilogramos de cocaína que posteriormente trasladó a Culiacán.
Por esa operación recibió alrededor de 200 mil dólares. Asimismo, reconoció haber transportado cargamentos de cientos e incluso miles de kilogramos de cocaína desde distintos puntos de México y del extranjero, incluido Ecuador, con destino a territorio controlado por el Cártel de Sinaloa para su posterior envío a Estados Unidos.
La cantidad de droga directamente atribuible a sus actividades supera los 450 kilogramos.
Destino de El Jando
Ese nivel de responsabilidad también quedó reflejado en el cálculo preliminar de la sentencia.
La Fiscalía incrementó tres niveles la sanción al considerar que dirigió o supervisó una actividad criminal en la que participaron al menos cinco personas; añadió otros dos por utilizar aeronaves privadas para importar y exportar droga y dos más por portar un arma peligrosa durante la conspiración.
Tras aplicarle la reducción correspondiente por aceptar su responsabilidad, el nivel del delito quedó fijado en 42, equivalente a un rango de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, cuya imposición corresponderá al juez.
Aunque la relación de hechos aceptados aclara que únicamente resume los elementos mínimos necesarios para sustentar la declaración de culpabilidad y no la totalidad de las operaciones en las que participó, los documentos muestran que durante más de una década Núñez Ojeda tuvo acceso privilegiado a información sobre aeronaves, rutas, pilotos, operadores, recursos y activos de la estructura aérea del Cártel de Sinaloa.
Ese conocimiento, sumado a la obligación de revelar su patrimonio y los bienes que transfirió a terceros, constituye uno de los principales compromisos asumidos por el acusado dentro de su acuerdo con la justicia estadunidense.
RM