Funcionarios de Sedatu y Sedesol: los implicados en el caso de Rosario Robles

Caso Rosario Robles

La ex titular de Sedesol permanece en la cárcel desde 2019 tras ser acusada del delito del uso indebido del servicio público.

Personajes clave en caso Rosario Robles.
Ciudad de México /

Después de más dos años en prisión, Rosario Robles regresará este miércoles al reclusorio Sur para una audiencia tras la que puede quedar libre, si un juez así lo determina, al cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva por arraigo domiciliario.

Y ante la controversia que esta audiencia representa para el caso de la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), te presentamos a aquellos personas que están implicadas en las acusaciones en su contra.

José Antonio Orozco Martínez

Bajo el mando de Rosario Robles, José Antonio Orozco Martínez trabajó cinco años. Primero estuvo al frente de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol (2013 - 2015), después siguió a Robles a la Sedatu, donde se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (2015 - 2018).

En su paso por Sedesol, firmó dos convenios que terminaron en denuncias penales por resultados irregulares que detectó la Auditoría Superior de la Federación. El primer convenio data de abril de 2013 con la Universidad del Estado de México por un monto de 338 millones de pesos y otro de septiembre de 2014 con la Universidad de Morelos por un monto de 77 millones de pesos.

Orozco fue detenido en septiembre de este año y vinculado a proceso el 5 de octubre pasado, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. 

Orozco Martínez tiene una maestría en Ciencias de la Administración por la Universidad de las Naciones de Veracruz y es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

María del Carmen Gutiérrez Martínez

La ex funcionaria trabajó en Sedesol y Sedatu con Rosario Robles, pero ha sido una pieza clave para las pesquisas de la Fiscalía General de la República en el caso denominado La Estafa Maestra.

El 16 de septiembre de 2011, Gutierrez Medina fue nombrada directora de Área de Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol antes de la llegada de Robles a la dependencia. Ahí permaneció hasta noviembre de 2015. Después siguió a Robles a Sedatu, donde el 1 de noviembre de ese mismo año tomó el cargo como responsable de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional.

María del Carmen habría sido pieza clave para identificar al menos cuatro edificios ubicados en las colonias Polanco y Anzures, en la Ciudad de México, que presuntamente utilizados por funcionarios durante las gestiones de Rosario Robles en Sedesol y la Sedatu para falsificar documentos. Los inmuebles eran oficinas de ex colaboradores de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu y mano derecha de Robles durante su etapa como funcionaria.

María del Carmen es licenciada en administración por la Universidad del Sur de Chiapas y en Comunicación por la UNAM.

Marco Salvador Ibarra Infante 

Marcos Salvador Ibarra Infante fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol y rector general de coordinación de delegaciones en Sedatu. En la extinta dependencia de desarrollo social firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de otra denuncia penal interpuesta en 2017.

En la Sedatu firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas y uno con la Politécnica de Quintana Roo, que suman 313 millones de pesos. 

Armando Saldaña Flores

Armando Saldaña en Sedesol ocupó el cargo de director general adjunto de operación y en Sedatu fue director general de Ordenamiento Territorial. 

Un juez federal lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Está acusado del presunto desvío de 185 millones de pesos. 

Saldaña Flores declaró durante la investigación hecha por la Auditoría Superior de la Federación, que la firma que aparecía en el convenio no era suya, por lo que también presentó una denuncia penal. 

DMZ

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