La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer un amparo de Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien pretende que se ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la supuesta “tortura” contra Emilio Lozoya Austin, lo que según él, provocó que declarara en su contra con hechos falsos.
Ninguno de los cinco ministros que conforman la Sala, decidió de oficio hacer suya tal petición; por este motivo, se desechó la solicitud ante la falta de legitimación del solicitante. Ahora, un Tribunal Colegiado continuará con el estudio del asunto, el cual permaneció suspendido durante un mes.
El asunto tiene que ver con la sentencia que emitió Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien negó conceder un amparo al quejoso.
De acuerdo con el expediente consultado, en julio de 2022, Óscar Augusto Zamudio Campos, defensor de Treviño Medina denunció a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y a su mano derecha, el fiscal Juan Ramos, por tortura por presuntamente haber presionado a Emilio Lozoya.
La denuncia fue dirigida a Sandra Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR.
Según la denuncia, Emilio Lozoya fue presionado, amenazado y torturado psicológicamente, “mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles -acogerse a un criterio de oportunidad-, y ya con su voluntad vencida, firmó denuncia de hechos falsos” que dio lugar a una carpeta de investigación contra Carlos Treviño.
No obstante, la fiscalía a cargo de Irene Herrerías decidió no investigar el caso, porque el denunciante no precisó modo, lugar y tiempo, en el sentido de cómo ocurrió la presunta tortura.
La defensa impugnó la determinación, y en audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2022, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur revocó la decisión de la fiscalía únicamente para que la FGR acuda con las víctimas directas, es decir, con Emilio Lozoya y su anterior defensa, para informarles la existencia de la denuncia y para que expongan si fueron objeto de tortura.
Una vez hecho lo anterior, el Ministerio Público Federal podría continuar la indagatoria o bien determinar la carpeta de investigación. En los registros judiciales se menciona que el juez de control consideró que la defensa de Treviño Medina no tiene legitimación, porque no representa a Emilio Lozoya ni a otras víctimas.
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Por su parte, el juez Antonio González manifestó que el abogado sí tiene interés jurídico para denunciar el presunto delito de tortura, pero “no tiene el alcance que la investigación se lleve al margen de las víctimas directas de los mismos como parece pretende se realice, ni en contra de su voluntad”.
Carlos Treviño es prófugo de la justicia, porque existe una orden de aprehensión en su contra por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, caso relacionado con el caso Odebrecht.
La FGR lo señaló como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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