Antes de que se le otorgue a Emilio Lozoya el criterio de oportunidad, con el cual dejaría sin efecto las acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que pesan en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que “debe cerciorarse” de que el ex director de Pemex cumpla con lo acordado.
En el último pronunciamiento que la Fiscalía hizo ante un juez respecto a la solicitud de criterio de oportunidad de Lozoya, explicó que para obtenerlo, el ex director de Pemex debe aportar información “eficaz” para seguir la investigación en contra de diversas personas señaladas de delitos de mayor gravedad y garantizar la reparación del daño.
“Para la aplicación de un criterio de oportunidad, la autoridad debe verificar que se colmen todos y cada uno de los requisitos que establece la ley, tales como aportar información eficaz para seguir la investigación en contra de diversas personas por la comisión de un delito de mayor gravedad, garantizar la reparación del daño, entre otros.“Situación que ha sido determinante para que a la fecha no exista un pronunciamiento respecto a la procedencia o no del criterio de oportunidad, toda vez que de manera primigenia esta autoridad debe cerciorarse que se cumple con los extremos antes señalados”, aclaró la FGR el pasado 28 de abril en un escrito dirigido al juez Marco Antonio Fuerte Tapia como parte del caso del ex senador panista Jorge Luis Lavalle.
En el oficio UIL-B-CGI-083/2021, al cual MILENIO tuvo acceso, el Ministerio Público de la Federación recordó que en esta carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, Lozoya es denunciante.
También enfatizó que a pesar de la solicitud del criterio de oportunidad, “en su calidad de denunciante pueda narrar de manera libre y espontánea los hechos ilícitos de los que tiene conocimiento y sus manifestaciones sean debidamente valoradas a nivel de dato de prueba en esta etapa del proceso”.
En dicha denuncia, realizada el 11 de agosto del año pasado, el ex director de Pemex señaló ante el Ministerio Público de la Federación a 17 personas por presuntos actos de corrupción, incluidos los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, y Carlos Salinas de Gortari, así como el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, entre otros.
A partir de dicha denuncia, Lozoya dijo constituirse “como coadyuvante del Estado mexicano, a fin de que se conozca la verdad, se realicen las reparaciones de los daños causados, se implementen garantías de no repetición de hechos como los señalados y se haga justicia”.
Sin embargo, a casi un año, los dichos, pruebas, y testigos que ha presentado y facilitado Lozoya solo han alcanzado para llevar ante un juez y vincular a proceso al ex senador Lavalle, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Con los señalamientos de Lozoya, la Fiscalía buscó que un juez le concediera una orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso; sin embargo, por lo endeble de las acusaciones, el Ministerio Público de la Federación decidió retirar la solicitud de captura.
Debido a todo esto, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha sido cuestionada por el trato preferencial que ha tenido Lozoya desde su extradición a México, precedente de España el 17 de julio de 2020.
Y es que en comparación con otros políticos del sexenio pasado que también son señalados de actos corrupción, el ex director de Pemex no ha pisado la cárcel y al contrario, cuenta con “plena libertad” en la Ciudad de México portando un brazalete.
En contraste, personajes como Rosario Robles, quien es acusada de un delito menor al de Lozoya, lleva más de dos años recluida en Santa Martha Acatitla y sin que hasta el momento pueda acceder al beneficio de criterio de oportunidad.
RLO