Una jueza federal asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR) porque declaró improcedente la acción de extinción de dominio contra el aseguramiento que se realizó de la residencia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, la cual se localiza en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en todo el país, determinó que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva al ex funcionario.
Lo anterior, porque Emilio Lozoya compró la propiedad en 2012, por 38 millones 175 mil pesos, época en que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita vigente no era contemplado en la extinción de dominio.
“[...] esa conducta ilícita que dio origen a la investigación penal y que se encuentra relacionada con el bien materia de la presente extinción de dominio se consumó en el año 2012 cuando aún no era procedente la extinción de dominio por el citado delito, esto es, en una época en la que se llevaron a cabo las (cinco) transferencias con las que se adquirió el bien, que en concepto de la fiscalía configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sancionado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (en la época de los hechos) no estaba previsto en el artículo 22 constitucional dicho delito como hipótesis de procedencia para la extinción de dominio de bien”, explicó.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio publicada el 9 de agosto de 2019, es decir, en el presente sexenio, contempló por primera vez que, en los delitos de lavado de dinero, sí procedía la extinción de dominio.
La FGR inició la carpeta de investigación contra Emilio Lozoya el 7 de marzo de 2019, por la compraventa de la planta chatarra de Agronitrogenados. Pese al fallo adverso, la FGR aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.
Esta residencia fue asegurada por la FGR porque presuntamente fue adquirida en 2012 con dinero que recibió Gilda Susana Lozoya Austin de parte del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, para que, en 2013, ya como funcionario, Emilio Lozoya lograra que Pemex adquiriera la planta chatarra a sobreprecio.
Según la investigación, la casa se compró con una transferencia por más de 38 millones de pesos a María del Carmen Ampudia Cárdenas. El contrato de compraventa se firmó en la calle de Arquímedes, en Polanco. Mientras que, su aseguramiento ocurrió el 28 de mayo de 2019, bajo el acuerdo ministerial FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019.
Por este caso, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero en agosto del presente año, sin pagar nada, el ex director de Pemex logró vencer a la FGR en el proceso que se le seguía por el caso Agronitrogenados, donde el gobierno federal pretendía una reparación del daño por 20 millones de dólares.
Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, determinó suspender el proceso, tras tomar como base los argumentos de la defensa, en el sentido de que ya existe una reparación del daño por un monto superior que asciende a 216 millones de dólares y que está cubriendo el ex dueño de Altos Hornos de México.
ABR