La Fiscalía General de la República (FGR) promovió un juicio de extinción de dominio para que una residencia que se localiza en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y que pertenece a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pase a formar parte de los bienes del Estado.
Dicho inmueble, según las indagatorias del Ministerio Público Federal, fue adquirido por el ex servidor público tras recibir tres millones de dólares como un pago de favores por parte de Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México (AHMSA), por la compraventa de la planta chatarra de Agronitrogenados, en el complejo Pajaritos, en Veracruz.
De acuerdo con registros judiciales, Lilia Osorno Arroyo, jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, con competencia en la República Mexicana, admitió a trámite la petición de la FGR en noviembre pasado, una vez que se volvió a decretar el aseguramiento del inmueble.
La juzgadora ya dio parte al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) del juicio de extinción de dominio para que el inmueble quede bajo su resguardo.
“Como se ve, Emilio Ricardo Lozoya Austin se encuentra privado de la libertad. Así, con la finalidad de no producir un estado de indefensión al demandado, de conformidad con los artículos 22, fracción I, y 57 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio requiérase al Director del Instituto Federal de Defensoría Pública, a efecto de que, dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, tenga a bien proponer a un asesor para que en caso de así requerirlo la parte demandada se le brinde el servicio de asesoría jurídica”, detalla una de las notificaciones judiciales rendidas el año pasado.
La juzgadora indicó que el plazo que tiene Emilio Lozoya para contestar la demanda empezó a correr a partir del 22 de diciembre de 2021 y tiene hasta el 9 de febrero de 2022, porque se le concedió un nuevo plazo.
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Emilio Lozoya está muy cerca de ser llevado a un juicio oral, pese haber denunciado al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht; además también enfrenta el proceso por el caso Agronitrogenados.
La residencia de Lomas de Bezares fue asegurada por la FGR porque presuntamente fue adquirida en 2012 con dinero que recibió Gilda Susana Lozoya Austin de parte de Alonso Ancira, para que, en 2013, ya como funcionario, Emilio Lozoya lograra que Pemex adquiriera la planta chatarra a sobreprecio.
Según la investigación de la FGR, la casa se compró con una transferencia por tres millones de dólares (equivalentes a 34 millones de pesos en aquella época) a María del Carmen Ampudia Cárdenas. El contrato de compraventa se firmó en la calle de Arquímedes, en Polanco, Ciudad de México.
Por este caso, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex funcionario promovió un amparo para que el menaje de la propiedad no fuera asegurado, además de que reclamó irregularidades por parte de la FGR.
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