Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia que rechazó otorgarle un amparo para no ser aprehendida por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso Agronitrogenados.
El recurso será turnado a un Tribunal Colegiado que estudiará la resolución emitida por Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
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La juzgadora hizo pública su sentencia donde se menciona que Gilda Susana alegó que el juez de control que ordenó su aprehensión violó sus derechos humanos de audiencia y legalidad, porque instruyó su captura sin existir datos de prueba que demuestren cuál es su situación económica, además de que no tomó en cuenta que no participó en los hechos que se le quieren adjudicar.
Sin embargo, la juzgadora enfatizó que, del análisis de la carpeta de investigación, se advierte que los coprocesados (Emilio Lozoya y Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración Altos Hornos de México, entre otros) “cuentan con una situación económica similar” a la de la Gilda Susana, y también se les libró la orden de aprehensión, “justificando la necesidad de la cautela, considerando que como consecuencia de su situación económica, cuentan con los medios para abandonar el país y permanecer ocultos”.
“Por tanto, con lo anterior se evidencia que no existe un trato desigual para la quejosa, dado que no existe un tratamiento diferenciado entre sus coprocesados y ella, respecto a su situación económica”, detalla el fallo.
La jueza indicó que tampoco “existen datos de prueba que corroboren su negativa en el sentido de que desconocía que fue designada beneficiaria” para recibir recursos económicos por parte de una de las partes involucradas en este caso.
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Por este motivo, apuntó la juzgadora, “deben prevalecer los datos de prueba” del Ministerio Público”.
“En ese contexto, es manifiesto que el juez de Distrito responsable no transgrede el principio de presunción de inocencia, al emitir la orden de aprehensión reclamada, porque ésta sólo tiene por objeto obligarla a comparecer a la audiencia inicial en la que se decidirá sobre su vinculación, o no, a proceso; siendo que durante la audiencia inicial deberán respetarse sus derechos a una defensa técnica y adecuada, dándole oportunidad de nombrar defensor particular, si así lo desea, o en su caso designarle uno de oficio; asimismo se le darán a conocer los hechos que se le imputan, así como deberán admitírsele los medios de prueba que ofrezca para su defensa”, manifestó la juzgadora.
Ortega Tlapa subrayó que la Fiscalía General de la República realizó de forma apegada a derecho, la clasificación jurídica de los hechos imputados, toda vez que expuso que los hechos que se le señalan encuadran en la descripción legal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, al emitir la orden de aprehensión, se ajustó a lo dispuesto en la Constitución Política y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se cumplieron con los requisitos, entre los que se encuentran la existencia de denuncia o querella.
En la carpeta de investigación se dice que, de junio a noviembre de 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana, sin que se identificara el origen de la transferencia.
También precisa que Alonso Ancira Elizondo utilizó el sistema financiero mexicano, y transfirió el dinero (en diferentes fechas de noviembre de 2012) desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza.
Tochos Holding Limited fue la empresa que recibió los recursos, de la cual es beneficiaria y titular Gilda Susana.
Los 3 millones de dólares, que equivalían en esa época a 34 millones 234 mil pesos fueron utilizados para la compra la residencia en la colonia Lomas de Bezares, tras un contrato celebrado en la colonia Polanco, en la calle de Arquímedes. El inmueble era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas y Emilio Lozoya la adquirió, pero no pagó para ocultar el origen de los recursos.