Un tribunal federal ordenó liberar a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y colocarle un brazalete con localizador como medida cautelar tras permanecer en prisión preventiva justificada durante más de tres meses en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México; sin embargo, se trata de una medida cautelar en el proceso que se sigue en su contra por el caso de Agronitrogenados, por lo que sigue vigente la prisión preventiva por la investigación entorno a los presuntos sobornos de Odebrecht.
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La Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), la parte acusadora en el juicio de Emilio Lozoya, apelaron la resolución que se dictó el viernes 21 de enero, para impedir que salga del reclusorio Norte donde aún permanece.
Funcionarios del gobierno federal aseguraron que la FGR impugnará el fallo del magistrado que resolvió a favor de revocar la prisión preventiva justificada.
El juez que dictó la toca penal de la apelación presentada por la defensa de Emilio Lozoya contra la prisión preventiva, requirió al juez de control del reclusorio Norte ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas de su cumplimiento.
Emilio Lozoya enfrenta dos juicios: el primero por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero y es en esta causa donde el juez concedió cambiar la medida cautelar.
Sin embargo, para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal que obra en su contra por los sobornos recibidos de Odebrecht, por los que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión y la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.
El 3 de noviembre pasado, el juez Artemio Zúñiga determinó modificar la medida cautelar de Emilio Lozoya e impuso la prisión preventiva justificada, solicitada por la FGR por el caso Odebrecht, para llevar su proceso judicial en el reclusorio Norte.
En ese entonces, el juez explicó que desde un inicio de este proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, pero no la había podido imponer debido a que no había sido solicitada.
Aunque, también basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse; la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho.
Además de que en octubre de 2021, se vio al ex funcionario en el restaurante Hunan, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando supuestamente estaba bajo prisión domiciliaria y tenía puesto un brazalete electrónico.
Emilio Lozoya fue detenido en febrero del 2020, en Málaga, España, al contar con órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pero fue hasta el 16 de julio de ese mismo año que inició el proceso de extradición, con su traslado desde la cárcel Navalcarnero en un avión de la FGR.
El ex director de Pemex está muy cerca de ser llevado a un juicio oral, pese haber denunciado al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión.
Pero el ex servidor público no es el único en esta situación, ya que su madre Gilda Margarita Austin y Solís también fue acusada por la FGR, la cual pretende obtener una sentencia de 21 años de prisión.
Este es el primer paso que dio la FGR para buscar una condena contra los implicados en este caso donde figura el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente preso; el prófugo ex director de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, y el ex candidato presidencial Ricardo AnayaCortés, quien a fines del presente mes debe presentarse a una audiencia para ser imputado.
La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó este sábado la información difundida por MILENIO y explicó que en su carácter de parte ofendida en el proceso penal contra Emilio Lozoya presentó el viernes 21 de enero una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de la resolución del Tribunal Unitario y solicitó la suspensión de sus efectos para evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos contra el ex director de Pemex.
FLC