Un juez federal suspendió el trámite de apertura a juicio oral dictado contra Emilio Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin y Solís en el caso de corrupción Odebrecht, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación.
Funcionarios judiciales aseguraron que esta decisión también frena el trámite, por el momento, para que Emilio Lozoya pueda firmar un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y consiga un criterio de oportunidad con la FGR.
Explicaron que, hasta que el Tribunal de Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México revoque la resolución de Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, y deje sin efecto la apertura a juicio oral, Emilio Lozoya podrá seguir con el trámite con el cual viene buscando que se suspenda el proceso penal contra él y su madre.
El artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que “en el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de Enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente”.
Dejaron claro que la FGR interpuso el recurso de apelación en el plazo legal, es decir, antes de que se cumplieran los cinco días que tenía el juez de control para informar su determinación a un Tribunal de Enjuiciamiento, para que éste fijara fecha del juicio oral.
El pasado 13 de marzo, luego de más de siete horas de audiencia, el juez Gerardo Alarcón López dictó apertura a juicio oral contra Emilio Lozoya y su madre por el caso Odebrecht.
No obstante, tanto la FGR como la defensa legal del ex director de Pemex anunciaron que interpondrían diversos recursos contra la resolución.
La defensa de Emilio Lozoya pidió al juez de control que no dictara la apertura a juicio oral hasta que se resolviera el amparo que promovieron contra la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y de la UIF.
Por su parte, el Ministerio Público de la Federación también señaló, durante la continuación de la audiencia intermedia, que apelaría la resolución respecto a la exclusión de pruebas clave contra Lozoya en un eventual juicio, particularmente de información bancaria remitida por Suiza, así como de comprobantes de las transferencias de recursos por las empresas fantasma de Odebrecht para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex.
Por este par de recursos, tanto la FGR como la defensa de Lozoya Austin solicitaron al juez que no dictara la apertura a juicio oral. Sin embargo, Alarcón López explicó que, al no haber impedimento legal como una suspensión, no podría contravenir lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo que, minutos después de las nueve de la noche dictó la apertura a juicio oral, la cual tenía que notificar en un plazo de cinco días a un Tribunal del Enjuiciamiento, para que fijara fecha para el juicio oral.
Antes, el Ministerio Público de la Federación solicitó al juez que, por este caso, a Emilio Lozoya le fuera impuesta una pena de 46 años y 6 meses de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, así como una reparación del daño por un total de 7 millones 336 mil 351 dólares.
De igual forma pidió una inhabilitación de 14 años para ocupar cargos públicos, así como una multa de 7 mil 950 días que superan los 87 millones de pesos.
La FGR también solicitó decomisar la mansión ubicada en el condominio Quinta Mar del desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, adquirida por Lozoya Austin presuntamente con los sobornos de Odebrecht.
En cuanto a la madre de Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís, la FGR pidió una pena de 21 años y tres meses de cárcel, así como el pago de cuatro mil 50 días de multa que asciende a 262 mil 278 pesos.
DMZ