Una jueza federal otorgó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sentencia que ordena que su residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR), quede a disposición del juez de control que lo procesa por el caso Agronitrogenados.
En octubre Lozoya interpuso amparos para evitar que su propiedad pase a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la protección de la justicia al quejoso y publicó un extracto de la resolución que emitió, donde ordena a la FGR dejar sin efecto la determinación donde ordenó el aseguramiento del bien inmueble.
“Sólo en caso que no se haya judicializado la investigación inicial, de considerar necesaria y justificada la práctica de dicha técnica de investigación, deberá solicitar dicha medida al juez de control correspondiente, en los términos precisados en esta sentencia; si la investigación inicial ya se encuentra judicializada, por cumplimiento de orden de aprehensión, deberá poner a disposición del juez de control que corresponda, el bien inmueble asegurado, para que determine lo que en derecho corresponda en relación con el mismo, previa solicitud de la autoridad ministerial”, detalla el acuerdo.
La residencia fue asegurada por la FGR porque presuntamente fue adquirida en 2012 con dinero que recibió Gilda Susana Lozoya Austin de parte de Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, para que, en 2013, ya como funcionario, Emilio Lozoya lograra que Pemex adquiriera la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados a sobreprecio.
Según la investigación de la FGR, la casa se compró con una transferencia por 34 millones de pesos a María del Carmen Ampudia Cárdenas. El contrato de compraventa se firmó en la calle de Arquímedes, en Polanco, Ciudad de México.
El aseguramiento de dicho inmueble ocurrió el 28 de mayo de 2019, bajo el acuerdo ministerial FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019. Por este caso, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lozoya promovió un amparo para que el menaje de la propiedad no fuera asegurado, además de que reclamó irregularidades por parte de la FGR.
La jueza lo amparó el año pasado, sentencia que fue confirmada por un Tribunal Colegiado, lo que propició que la FGR subsanara deficiencias para volver asegurar la propiedad en septiembre de 2020.
Posteriormente, el ex director de Pemex interpuso un nuevo amparo donde pidió la protección de la justicia contra la anotación y/o inscripción que hizo el Registro Público de la Propiedad del aseguramiento decretado; e impugnó el cumplimiento que le pudiera dar al acuerdo de aseguramiento el INDEP.