Jueces federales otorgaron una prórroga más de tres meses al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para la celebración de la audiencia de cierre de investigación complementaria, en los procesos que se le siguen por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, revelaron funcionarios federales.
Entre ayer y la semana pasada, los jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vâzquez Rea y José Artemio Zúñiga Mendoza, llevaron a cabo audiencias y determinaron ampliar el plazo solicitado por la defensa del ex servidor público.
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Los funcionarios consultados señalaron que la prórroga vence a mediados de julio próximo.
El motivo de la ampliación, explicaron, fue porque la defensa de Emilio Lozoya argumentó que se encuentran realizando trámites para recabar información de instituciones de otros países, mismos que se han alargado por la contingencia sanitaria por covid-19.
Indicaron que Emilio Lozoya también continúa ofreciendo datos de prueba a la Fiscalía General de la República (FGR) para tratar de conseguir un criterio de oportunidad, que no solo lo beneficie a él, sino también a su esposa Marielle Helene Eckes, su hermana Gilda Susana y a su madre Gilda Margarita Austin y Solís, quien enfrenta la medida cautelar de prisión domiciliaria.
El 28 y 29 de julio de 2020, los jueces de control vincularon a proceso a Lozoya por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de la compra de la Planta de Agronitrogenados; y por el caso Odebrecht, se le vinculó a proceso por el citado delito, así como por asociación delictuosa y cohecho.
En el caso de la planta de fertilizantes, se le señaló por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, por la compra de la planta chatarra que se localiza en el complejo Pajaritos, en Veracruz.
La FGR argumentó que la compra provocó un daño a Pemex por casi 8 mil millones de pesos porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones.
En ambos casos, Lozoya se declaró inocente y señaló que renunció al juicio de extradición para que se aclarara su situación y demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan, además de que se acogió a un criterio de oportunidad.
Posteriormente, Emilio Lozoya presentó una denuncia en la FGR que alcanzó a tres ex presidentes de México y a cuatro ex secretarios, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, que presuntamente recibieron sobornos y se beneficiaron con favores.
La FGR inició una carpeta de investigación y el pasado 13 de abril imputó al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, dinero que supuestamente tiene su origen en la constructora brasileña Odebrecht.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, estimó que las pruebas aportadas por la FGR eran suficientes para presumir que el ex legislador es probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de que pueda evadir la justicia, y dio un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria.
AESC