El ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social, y de Desarrollo Agrario, Emilio Zebadúa González, quien aportó información a la Fiscalía General de la República (FGR) que sirvió para acusar formalmente a la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, promovió un amparo con el cual busca que la autoridad se pronuncie y decrete a su favor la prescripción de la acción penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El secretario en funciones de juez, del juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tapachula, Chiapas, se declaró legalmente incompetente para resolver la demanda, y turnó el caso a Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
No obstante, Vargas Alarcón señaló que existen diversos amparos que ha promovido el ex funcionario de quien se sabe solicitó un criterio de oportunidad a FGR a cambio de delatar a su ex jefa.
Todos los juicios de garantías se encuentran relacionados con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDM/0001345/2018 integró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
El juez Patricio Leopoldo mencionó que, a partir de los antecedentes del caso, el asunto debe ser conocido por Augusto Octavio Mejía Ojeda juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Lo anterior porque se actualiza un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que conoció previamente las demandas relacionadas con la misma carpeta de investigación.
“De ahí, que este juzgador considera que (…) se actualiza tal supuesto de relación, al acreditarse la hipótesis contemplada en el artículo 46 fracciones II y IV, del multicitado Acuerdo, ya que como quedó precisado el juzgado Tercero homólogo, conoció con anterioridad al suscrito, de un asunto cuyos actos reclamados provienen de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDM/0001345/2018, o en su caso, causa penal 314/2019, deriva de la citada carpeta de investigación”, detalla el acuerdo del juez.
Emilio Zebadúa reclamó que la FGR ha sido omisa porque no se ha pronunciado para decretar la prescripción de la acción penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En octubre de 2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito abrió la puerta para que la FGR pueda judicializar la carpeta de investigación que integra contra Emilio Zebadúa, persona de confianza de la ex secretaria de Desarrollo Social.
Los magistrados modificaron la resolución que impedía a la FGR llevar el caso ante un juez de control. Los magistrados revocaron la suspensión definitiva al quejoso, la cual había sido concedida por Felipe Sifuentes Servín, juez Tercero de Distrito con residencia en Tapachula, Chiapas.
El ex oficial mayor de las Secretarías de Desarrollo Social, y de Desarrollo Agrario, ha sido investigado porque se presume que operó, a través de diversos servidores públicos, la contratación y supervisión de convenios con universidades, donde se cree hubo un desvío de recursos por 5 mil millones de pesos.
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