Pese haber violado presuntamente a su nieta durante cinco años, el empresario joyero Jaime 'S' no duró ni tres días en la cárcel, porque logró volver a su casa sobre la avenida Paseo de la Reforma, tras conseguir una suspensión que le otorgó un juez federal.
El asunto despertó indignación entre autoridades federales y locales, porque la víctima sufrió abuso desde los cinco hasta los 11 años, y amenazó con matarla y a sus padres, en caso de que contara lo que le hacía, de acuerdo con la investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Jaime 'S' estuvo dos años prófugo. Fue deportado por Estados Unidos el 29 de abril, fecha en que lo detuvo la Fiscalía General de la República por existir una orden de aprehensión y una ficha roja emitida por Interpol.
Por tratarse de un caso relevante, el coordinador de Métodos de Investigación de la FGR, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, ofreció un mensaje a medios desde el Hangar de la institución en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Durante la audiencia inicial, celebrada el 30 de abril, el Día del Niño, el juez de control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Agustín Moreno Gaspar, decretó prisión preventiva oficiosa por tratarse del delito de violación equiparada agravada, y citó para el próximo 5 de mayo para resolver la situación jurídica del presunto abusador.
Sin embargo, la defensa del imputado solicitó que se le impusiera una medida cautelar distinta porque argumentó que su cliente es una persona mayor, que padece diabetes y tiene un problema de salud en un pulmón. El juez no aceptó.
Un día después, explicaron los funcionarios consultados, la defensa de Jaime 'S' presentó ante el juez de control una suspensión concedida por el juez Tercero de Distrito en el estado de Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez.
El juez de amparo, indicaron, determinó que el juez de control está obligado a realiza un “test de proporcionalidad” y tomar en cuenta la pandemia por el nuevo coronavirs por lo que no resulta razonable, que una persona adulta mayor en estado de riesgo, la autoridad decida restringir su libertad de manera cautelar en un penal.
Los funcionarios comentaron que el juez de amparo no realizó un estudio correcto del caso, y dictó una resolución confusa. Además, el juez de control tenía la obligación de hacer el “test de proporcionalidad”, tomando en cuenta que es un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, no estaba a debate si se iba o no a un penal porque la ley lo ordena.
Indicaron que el presunto agresor tiene la capacidad económica para sustraerse de la acción de la justicia, motivo por el cual se solicitaron medidas de protección para la niña, pero el juez de control se negó a escuchar las peticiones del Ministerio Público.
Detallaron que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el delito de violación amerita prisión preventiva oficiosa, y solo en algunos supuestos se puede imponer una medida cautelar distinta, siempre y cuando el Ministerio Público la solicite, pero la representación social no lo pidió por tratarse de un delito considerado grave.
EB