El empresario Manuel Samuel Castro Mercado, dueño de Motor Coach Industries (antes Dina Autobuses) cumplió hoy siete años preso en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo, donde continúa en espera de recibir sentencia por un presunto delito de homicidio, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación porque dicho caso está plagado de irregularidades.
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MILENIO dio a conocer el caso del empresario y que la CNDH descubrió “un aleccionamiento o preparación” por parte de los testigos que acusaron de homicidio a Castro, mientras que el resto de las personas detenidas se auto-inculparon.
Como parte de este asunto, Miguel Vázquez Romero, ex tesorero del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, declaró el 10 de febrero de 2014, que el líder del mencionado gremio, Artemio Vázquez Peña, lo presionó para involucrar a Castro en el homicidio del sindicalista Josué Matilde Cotonieto Sánchez.
Samuel Castro ha declarado que todo ha estado encaminado a “despojarlo de su empresa”, localizada en Ciudad Sahagún, y ha responsabilizado públicamente al ex gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y al ex titular del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, Juan Menes Llaguno, y otros de sus ex funcionarios, por no haber actuado conforme a la ley.
A través de una misiva enviada a MILENIO por medio de sus abogados, Castro Mercado señaló que el Congreso de la Unión y las comisiones local y Nacional de Derechos Humanos, han emitido “amplias recomendaciones sobre las anomalías registradas durante su detención y en la integración de la averiguación previa donde abundaron pruebas sin sustentación jurídica ni pericial”.
Indicó que los dos organismos pidieron a la administración de Olvera Ruiz reponer el proceso y sancionar a los policías y funcionarios judiciales “que actuaron por consigna política”, pero que en ambos casos ex mandatario ignoró los señalamientos.
Samuel Castro fue declarado como “preso político” tanto por el sacerdote y defensor de migrantes Alejandro Solalinde así como por los legisladores de Morena de la pasada legislatura federal.
En la misiva detalló que en junio pasado el grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura propuso un punto de acuerdo en el que la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para que hiciera un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y al Consejo de la Judicatura Federal para que resolvieran su caso y “subsanar las evidentes violaciones al debido proceso “así como la actuación dolosa en la que incurrieron jueces de Hidalgo”.
VJCM