Al menos 18 de las 33 fiscalías anticorrupción del país, incluida la federal, obtuvieron una calificación reprobatoria en materia de autonomía, pues la designación de su titular y su operación no goza de la independencia necesaria, principalmente de los poderes ejecutivos.
Así lo revela un estudio elaborado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey que evaluó aspectos como la transparencia, la autonomía y la efectividad de estas instituciones, encargadas de la procuración de justicia, específicamente en casos de corrupción.
De acuerdo con el análisis, titulado Fiscalías Anticorrupción. Un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados, encabezado por la investigadora Mariana Cendejas, las fiscalías anticorrupción estatales que menos calificación en materia de autonomía tienen son: Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco, Puebla, Morelos, Hidalgo, Baja California, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Sonora, Querétaro y Michoacán.
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Estas fiscalías obtuvieron una calificación de seis o menor a seis puntos, en un ranking donde 12 es el máximo. Por otra parte, ninguna fiscalía logró la máxima calificación, pues las que obtuvieron mayor puntaje fueron Campeche, Jalisco, Veracruz y la Fiscalía Anticorrupción federal, que sumaron sólo 10 puntos.
Los criterios que se tomaron en cuenta fueron la calidad de los servidores públicos que las integran, es decir, cuántos cuentan con posgrados y servicio profesional de carrera, así como los mecanismos sancionatorios claros para los funcionarios que cometan irregularidades.
Además, evaluaron su cuentan con mecanismos que fortalezcan su independencia como el método de nombramiento del titular, la rendición de cuentas a los ciudadanos y el método de destitución del fiscal en caso de incumplir con la ley.
Otros datos relevantes del estudio son que las fiscalías que más sentencias condenatorias han conseguido son Michoacán, con 9; y Tamaulipas y Zacatecas, con 6.
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Asimismo, destaca que sólo 0.19 por ciento de las denuncias presentadas a nivel nacional culminan en una sentencia condenatoria, sólo 7 de 33 fiscalías han conseguido condenas en apenas 34 casos, lo que significa que 17 mil 873 denuncias por hechos de corrupción quedan impunes. Y al menos 22 fiscalías, incluida la federal, no han conseguido una sola sentencia condenatoria.
“Uno de los principales hallazgos es que “pocas fiscalías gozan de un alto índice de autonomía; vimos que el mayor puntaje es de 10 y en ese puntaje solo están cuatro de las fiscalías y que ninguna de ellas, incluso las constitucionalmente autónomas, lograron obtener este alto puntaje o el máximo puntaje, de 12 puntos”, afirmó la investigadora Mariana Cendejas.
Explicó que en la mayoría de los casos son unidades administrativas de las fiscalías generales, como el caso de la federal y otras estatales, donde sus titulares son nombrados por el fiscal general. Otro hallazgo es que una asignación de recursos robusta, como el Estado de México, no garantiza buenos resultados.
“Sólo siete fiscalías reportaron sentencias condenatorias, las cuatro con mayores recursos no han logrado sentencias condenatorias y la única fiscalía que reportó haber recuperado recursos por delitos de corrupción fue la fiscalía de Tamaulipas, que reportó haber recuperado un monto mayor a mil 500 millones de pesos y otros bienes inmuebles”, dijo.
Como conclusión, afirmó que “una mayor autonomía no implica mejores resultados; ya vimos que aquellas fiscalías con un mayor puntaje no reportaron sentencias condenatorias obtenidas, y por el otro lado, fiscalías con índices de autonomías menores al promedio sí reportaron sentencias condenatorias, como son el caso de Puebla y Zacatecas”.