El general Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien enfrenta una sentencia de 52 años de prisión por encabezar el denominado ‘Pelotón de la Muerte’, grupo de militares que en el sexenio de Felipe Calderón levantó y asesinó a sicarios del Cártel de Juárez, envió un escrito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, para que intervenga y se revise su caso.
Moreno Aviña fue comandante de la Guarnición Militar en Ojinaga, Chihuahua, y actualmente se encuentra en la prisión del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, por los delitos de tortura, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación.
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Según la investigación de la Procuraduríua General de la República (PGR), el pelotón asesinó a sicarios del grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez; robó en domicilios de personas inocentes, donde no solo se apropiaba del dinero de las familias, sino que se quedaba con los vehículos para cometer actos delictivos o para uso personal y para asistir a reuniones de trabajo con otros mandos de la región.
Hoy, la Corte publicó un extracto de la petición del militar que pidió la intervención de la ministra.
“…se advierte que el promovente realiza diversas manifestaciones y solicita a la presidenta de este Alto Tribunal, lo siguiente: ‘…requerir su atención y valioso apoyo ante el problema de que jueces y magistrados que conocen de mis causas penales, no han querido valorar pruebas que obran en el proceso penal, y que no se advierte alguna que demuestre mi responsabilidad penal en los delitos que se me atribuyen de forma ilegal, después de largos y desgastantes procesos, dejando entrever que existe línea política en mí contra, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional; por lo que me apena molestarle pero no tengo más a quien recurrir y además de la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, al resolver con equidad, justicia y legalidad’…”
El militar que también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, tras ser encontrado responsable del delito de robo, mencionó que está enfermo.
“…solicito también se reconsidere mi edad y estado de salud, padezco diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial, enfermedades graves que adquirí en prisión, por las que pedí prisión domiciliaría, habiéndoseme denegado e indicándome la actuaria que me notificó que para concederme el beneficio o medida cautelar necesitaría encontrarme encamado en un hospital gravemente enfermó, casi apunto de fallecer…” (sic).
La presidencia de la Corte determinó que la ministra está impedida para intervenir en este asunto, por lo que el escrito fue turnado al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que determine si atiende el caso.
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