Adriana Albrecht Figueroa lleva dos años seis meses presa en el penal de Temascaltepec, Estado de México, acusada con las mismas pruebas que presentó ante el Ministerio Público para denunciar al empresario Arturo Ortega Olivé de abuso infantil y actos libidinosos contra su hija en 2010.
Es señalada de grabar a la menor, de entonces tres años, con su teléfono celular para denunciar la forma en la que su papá, Ortega Olivé, la “toqueteaba”, a fin de presentar el video ante un juzgado en Valle de Bravo; pese a ello, no se ejerció acción penal y el juicio se cerró.
Dos años después, Adriana fue detenida y encarcelada por esa grabación, pues la acusaron de que era ella quien utilizaba a la niña en actos eróticos, por lo que aún permanece en prisión.
Adriana tiene 49 años y, de acuerdo con su relato, cuando se cerró el caso por primera vez con un amparo logró reabrirlo acusando parcialidad de la procuraduría mexiquense, pero de nueva cuenta lo cerraron en 2013.
Meses después fue detenida por policías judiciales por videograbar a un menor, con lo que viola el artículo 204 del Código Penal del Estado de México: “Comete el delito el que por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad de resistirlo, a realizar a través de cualquier medio y sin fines de lucro actos eróticos o sexuales, así como exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas”. A partir de ahí empezó su tormento.
“Si yo no hubiese sido la madre, no fuese un delito grave, pero como soy la madre se hace grave y por eso me encuentro en la cárcel. Yo los filmé, pero los presenté cómo una prueba contra el padre y salió contraproducente, es parte del poder e influencia que tiene Arturo Ortega Olivé”, dijo Adriana a MILENIO vía telefónica desde el penal mexiquense.
Continúa presa debido a un solo peritaje, el cual señala que sí hubo manipulación e inducción para que su hija hablara de las insinuaciones sexuales de su padre, pero este perito “analizó a una persona que jamás conoció”, de acuerdo con Adriana, “porque ningún perito me hizo ninguna prueba psicológica, ni test ni batería de pruebas ni preguntas”.
Sin embargo, su abogado confirma que existen otros tres peritajes de más de 20 horas, los cuales no se tomaron en cuenta y manifiestan que no existe, de parte de Adriana, ningún tipo de manipulación e inducción y que su hija hablaba de forma natural y espontánea para narrar el comportamiento de su padre.
“Ahí empieza la parcialidad del caso, porque para que se conforme este delito del que estoy acusada tiene que haber forzosamente inducción o manipulación mía; existen tres peritajes y el más importante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
“De manera inaudita, teniendo este peritaje pedido ex profeso por la juez penal de primera instancia no le da ningún valor. Aun teniendo estos peritajes con los que yo pude obtener mi absolución, me sentencian a cinco años tres meses de prisión y no tengo derecho a fianza.
“A mí no me encontraron ningún video debajo de la cama, a mí no me encontraron en una red de trata de blancas, yo personalmente entregué esta prueba... cómo puede ser que yo sea la que esté en la cárcel, es algo inaudito”, expresó Adriana.
Además, enfrenta otro proceso penal: el de ser declarada “incapaz mental” y que todo lo que decía era una mentira y una locura; no obstante, el Tribunal Judicial mexiquense avaló su salud plena y, a través de estudios psicológicos a los que se sometió, señaló que no necesita ningún tipo de tratamiento.
“Qué más necesitan los magistrados, lo único que les digo es que se alejen de esta corrupción que comenzó desde el inicio”, reclamó.
Se espera que esta semana el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, revise su caso y resuelva la sentencia, por lo que Adriana pide a los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia, Olga María Josefina Ojeda y Antonio Legorreta que lo analicen y no solo vean la parte legal, sino la parcialidad, cómo se dio este proceso y el actual sufrimiento de su hija.
“Pido a estos magistrados la absolución, ya que tenemos pruebas de mi inocencia amparada por tres peritajes, por humanidad que lo hagan, la niña de ahora ocho años está sufriendo, vive con su padre y una niñera, les pido por favor revisen todas las evidencias y no caigan en la misma cadena de corrupción”, refirió.
Se han violado las garantías individuales de Adriana, entre ellas que debió ser juzgada en el juicio oral y ocurrió a través del método antiguo. Asimismo, acusa a su ex pareja de tráfico de influencia y corrupción, pues en todo momento el padre de su hija se ha visto favorecido.
“Es un hombre con muchas influencias”, ya que su empresa Aerolíneas Ejecutivas, de servicios aéreos privados, ubicada en el aeropuerto de Toluca, da mantenimiento a aeronaves del gobierno federal, es amigo de Alfredo Castillo, ex procurador del Estado de México, y años antes participó en la campaña electoral del ex presidente Felipe Calderón, explicó.