Dentro de la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República figura un nexo que lleva directamente a Felipe Calderón y José Antonio Meade: la planta de Etileno XXI, uno de los peores negocios de Pemex en su historia y cuya operación se negoció en condiciones desventajosas que, a la fecha, no han sido explicadas.
Para entender la trama de Etileno XXI y cómo se ha convertido en un pozo sin fondo al que se han tenido que destinar cientos de millones de pesos de recursos públicos es necesario remontarse a 2012, a los días finales del sexenio de Calderón.
A menos de una semana del cierre de ese gobierno, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, firmó un decreto para elevar la tarifa de importación de polietileno, lo que abrió de golpe el mercado mexicano al consorcio conformado por la filial de Odebrecht, Braskem, y la mexicana, Idesa.
Ocho años más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto la mira sobre el contrato y se ha referido al mal negocio que significó Etileno XXI para Pemex. El pasado 26 de febrero incluso reveló que su administración había dejado de pagar multas por el incumplimento del contrato por parte del gobierno al no surtir del gas comprometido desde el sexenio calderonista.
Aseguró que su gobierno revisa el contrato firmado con la empresa, al cual calificó de “leonino” y habló de un análisis interno para su finalización en lo que respecta a la provisión de gas a un precio preferencial.
"¡Cómo vamos a seguir pagando por ese contrato que firmaron durante el gobierno de Calderón, que obliga a dar un subsidio con hasta 40 por ciento por el gas que Pemex le entrega a esa planta, ya Pemex está haciendo los trámites para que no se mantenga ese contrato leonino!”, dijo.
En junio de 2018, la plataforma Mexicoleaks dio a conocer que en 2011, el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por José Antonio Meade, entonces secretario de Energía, no atendió las observaciones de tres de sus integrantes que sugirieron suspender el proyecto Etileno XXI, con el argumento de que era un contrato ilegal y que ocasionaría graves daños a Pemex.
Días después, en plena campaña presidencial, el abogado Paulo Díez anunció que denunciaría a Meade por firmar un decreto para favorecer a Braskem-Idesa en perjuicio del consumo y las riquezas nacionales.
Díez Gargari, en calidad de integrante de la iniciativa Ahora, explicó que si bien Meade, entonces candidato presidencial no firmó contratos con Odebrecht, cuando fue Secretario de Hacienda suscribió un decreto para otorgarle a Braskem-Idesa “un beneficio indebido hasta por 35 años”.
“No solo se le vende etano barato, subsidiado por los mexicanos, a un particular sino que el gobierno mexicano desplaza a su competencia, la aniquila a través de la publicación de un decreto, por el cual se incrementa la tarifa de importación del polietileno, que es el producto final que este particular vende en el mercado. Esto significa ‘te vendo barato a costa de los mexicanos y además elevo la importación del polietileno para que los consumidores mexicanos tengan que comprarte a ti y no tengas competencia’”, explicó.
“Este es un delito grave y es José Antonio Meade quien firma este decreto, el 23 de noviembre de 2012, siete días antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón“, agregó.
La planta ha sido un dolor de cabeza para el gobierno federal desde que por un plumazo se accedió a la entrega de parte del mercado mexicano a Braskem-Idesa. Entre 2016 y 2018, Pemex Transformación Industrial pagó 2 mil 813 millones de pesos de multas a Etileno XXI debido a que no pudo entregarle una cantidad suficiente de etano para operar, penalizaciones que se sumaron a las pérdidas generadas en detrimento del erario por haber vendido el gas a un precio inferior a su costo de producción, que tan solo entre 2016 y 2017 sumaron tres mil 642 millones de pesos, de acuerdo con diferentes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A esas pérdidas son a las que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, se refirió en la denuncia penal presentada ayer ante la FGR.
“También existe otra parte que habla de Etileno XXI, que fue durante la administración anterior, y en ese caso específico, él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico en favor de esa empresa (Braskem), que también está vinculada con una empresa mexicana (Idesa) que es socia de Odebrecht y que también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos, en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”, expuso el fiscal.
De acuerdo con el reporte de una auditoría realizada a Pemex Transformación Industrial (PTRI), como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2017, para fiscalizar los ingresos por venta de etano, la ASF detalló que esos precios favorables para la empresa y desfavorables para el erario fueron establecidos desde el año 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, y que no podían modificarse.
La ASF concluyó que PTRI “vendió el etano por debajo de su costo de producción, lo cual no hace rentable el negocio, ya que tiene que absorber la pérdida, por lo cual no existen las condiciones para generar valor económico”.
Esto significaba un incumplimiento de las Reglas de Operación del Comité de Precios y Aspectos Económicos de la Política Comercial de Petróleos Mexicanos.
Al respecto, la Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales de la Dirección General de PTRI informó a la ASF que “la fórmula de precios utilizada para la comercialización de etano se autorizó en 2010, con base en las condiciones de producción, comerciales y económicas que regían en ese año; esta fórmula se autorizó y está regulada por la Comisión Reguladora de Energía, por lo que al ser el etano un producto regulado, no se puede modificar”.
De acuerdo con la auditoría, en el 2017, PTRI obtuvo un costo de producción de 3,474 millones 226 mil pesos, y un costo de transporte de mil 222 millones 825 mil pesos; en consecuencia, a PTRI le costó 4 mil 697 millones 51 mil pesos producir y vender etano al Complejo Etileno XXI.
Por lo tanto, obtuvo 2 mil 989 millones 706 mil pesos de la venta de 951 millones 166 mil 461 metros cúbicos del petroquímico al Complejo Etileno XXI, lo que significó una pérdida de mil 707 millones 345 mil pesos que sumados a los mil 935 millones 88 mil pesos de la pérdida en 2016, totalizaron 3 mil 642 millones 433 mil 6oo pesos en ambos periodos.
“PTRI vendió el etano por debajo de su costo de producción, ya que en la fórmula del precio de venta sólo se consideraron precios internacionales a los cuales se les aplicaron los descuentos y el tipo de cambio, por lo que en el precio otorgado al Complejo Etileno XXI no se reconocieron los costos reales”, concluyó la ASF.
De esa auditoría, se emitió una recomendación para que la Comisión Reguladora de Energía, en coordinación con Pemex Transformación Industrial, analice, redefina y, en su caso, modifique la fórmula para determinar los precios de venta con una utilidad razonable que le permita recuperar los costos de producción y transporte de etano reales, a fin de promover el desarrollo eficiente de la comercialización de ese petroquímico.
ledz