Jorge Juan Torres López, quien gobernó de manera interina Coahuila entre enero y diciembre del 2011, fue legal y definitivamente despojado de una vivienda en Texas, según se informó en una audiencia celebrada el pasado viernes 21 de mayo. Ahí mismo se dio a conocer que el gobierno mexicano busca que le sean restaurados los fondos que el funcionario coahuilense depositó de manera fraudulenta en una cuenta en Bermudas.
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Extraditado en octubre del 2019, Torres López, de 67 años, se declaró culpable de lavado de dinero en junio del 2020 en una negociación en la que admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de caminos en el estado que gobernó.
El ex gobernador comparte con su secretario de Finanzas, Héctor Javier Villarreal Hernández, una acusación que data de noviembre del 2013 y que incluye cuatro cargos donde se les señala de recibir sobornos y de “la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos para el beneficio personal, además de fraude bancario y electrónico”.
Como parte de la penalización Torres López acordó la entrega de una vivienda ubicada en 53 South Wind Drive en Montgomery, Texas. Sin embargo, luego ingresó una moción para impedir el acto que, finalmente fue decretado este viernes por la juez Nelva González Ramos, en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, ubicada en el condado de Corpus Christi.
“Se ordena que la propiedad quede confiscada a los Estados Unidos, con todo derecho, título e interés”, agrega el comunicado donde se detalla que el 9 de julio de 2020, la esposa de acusado, María Carlota Llaguno de Torres, fue notificada, así como también enterado su defensor Carlos A. Solis, del despacho Hilley y Solis PLLC.
En la misma audiencia de este viernes se dio a conocer la Lista de Pruebas de la Sentencia, en la cual se destaca que la “petición del gobierno de México para restaurar los fondos de Bermudas”. En la acusación los fiscales comprobaron que Torres López y Villarreal Hernández eran titulares de dos cuentas bancarias ubicadas en ese paraíso fiscal “a las que transfirieron los recursos robados del erario de Coahuila y de ahí triangularon los mismos a una cuenta en Texas”.
El monto de dichas triangulaciones asciende a 2.5 millones de dólares (alrededor de 50 millones de pesos mexicanos) y se detectó la forma en cómo fue movido de las cuentas de Bermudas a bancos de Morgan Chase de Brownsville, durante el 2007, cuando Torres López y Villarreal Hernández eran, respectivamente, Secretario y Subsecretario de Finanzas.
En la acusación se detalla cómo Torres López fue funcionario público desde 1994 hasta el 2011 con cargos como Director General de Promoción y Desarrollo, Secretario de Finanzas del estado en los primeros dos años del gobernador Humberto Moreira, luego presidente municipal de Saltillo y finalmente gobernador interino en el 2011.
A finales del 2005, Villarreal Hernández, por su parte, fue nombrado Subsecretario de Finanzas del estado siendo Torres López su supervisor.
En julio de 2008, Villarreal fue designado para el cargo de titular de finanzas del entonces gobernador Humberto Moreira, quien el 2010 lo entronizó como titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), cargo en el que duró hasta agosto del 2011, durante el periodo en que la deuda de Coahuila creció hasta los 36 mil millones de pesos.
Con la partida a finales de 2010 del “profesor” Moreira, en medio del escándalo por la Mega Deuda, Villarreal Hernández, se quedó a trabajar con el gobernador interino y viejo conocido suyo, Jorge Juan Torres López. El primero renunció a su cargo en agosto del 2011 y el interino aguantó hasta que un nuevo Moreira, el hoy diputado del PRI, Rubén, llegó a gobernar Coahuila el 1 de diciembre del 2011.
La audiencia del viernes de Jorge Juan Torres López había sido anunciada para dar a conocer su sentencia la cual, finalmente, quedó fijada para el 23 de junio mientras que la de Villarreal Hernández se conocerá el 25 de agosto de este mismo año.
dmr