Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, empresario mexicano y ex candidato del partido Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro en el proceso electoral del 6 de junio pasado, fue detenido en Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de ese país.
En un comunicado, las autoridades norteamericanas dieron a conocer que el hombre fue arrestado el 6 de diciembre en Houston y quedó bajo custodia federal por cargos penales relacionados con su presunta participación en un fraude.
Según documentos judiciales, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez Martínez, de 51 años, es propietario de Mobile Coatings Management (MCM) y copropietario y presidente de Uberwurx, que opera como RhinoPro, una empresa de revestimientos de caja y accesorios para camiones.
El ex candidato fue arrestado junto con Karina Hernández, de 41 años, quien es copropietaria de Texas Franchise and Business Consulting (TFBC), que dirige y comercializa principalmente a ciudadanos mexicanos interesados en iniciar negocios en Texas.
Martínez se promocionó a sí mismo y a Uberwurx como un mecanismo para que los inversionistas obtengan visas E-2 para ingresar legalmente a Estados Unidos, la cual está reservada para empresarios extranjeros que les permite trabajar dentro del país.
- Te recomendamos EU acusa al gobierno del El Salvador de sobornar a líderes pandilleros Internacional
Martínez trabajó con Hernández para comercializar y vender la franquicia Uberwurx a inversionistas nacionales mexicanos, pero no pudo realizar muchos pagos garantizados a los inversionistas. La empresa de Martínez, MCM, administraba las franquicias de Uberwurx en lugar de que los inversores lo hicieran en violación de los requisitos de la visa E2. Martínez ordenó a los inversionistas que omitieran en sus solicitudes de visa E2 el hecho de que MCM administraba las franquicias.
Martínez y Hernández perpetraron este esquema en al menos 120 inversionistas diferentes entre enero de 2017 y diciembre de 2021 con una pérdida de más de 30 millones de dólares.
Rodríguez y Hernández están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, cuatro cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de alentar e inducir la inmigración ilegal para beneficio privado. Si son condenados, enfrentarán hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por cada uno de los alentadores cargos de inmigración ilegal. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios.
La fiscal federal Ashley C. Hoff, del distrito occidental de Texas, y el agente especial a cargo del FBI, Christopher Combs, hicieron el anuncio, mientras que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) está investigando el caso, el cual es procesado por la fiscal federal adjunta Daphne Newaz.