Con el fin evitar un mayor deterioro de la relación bilateral con México en materia de seguridad, el gobierno de Estados Unidos desistió de las acusaciones (tres de narcotráfico, en modalidad de producción, transporte y distribución de droga, y uno de lavado de dinero) contra el general Salvador Cienfuegos.
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El canciller Marcelo Ebrard dijo que Cienfuegos será repatriado para continuar su proceso en México como un “mexicano que no tiene cargos”, “no como un acto de impunidad, sino de respeto a la soberanía”.
Esta acción, dijo, “significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse, porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México, por consiguiente reconocemos esta resolución del fiscal general de Estados Unidos”.
Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a conocer que el gobierno estadunidense tomó la decisión de solicitar que se desestimen los cargos penales contra el ex secretario Cienfuegos, “para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.
En un comunicado conjunto, ambas instancias señalaron que esta solicitud se da “en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad”.
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El documento, signado por el fiscal estadunidense, William P. Barr, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explica que la FGR ha abierto su propia investigación contra el ex funcionario y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha proporcionado a México las pruebas de la DEA con las que cuenta en este caso, “y se compromete a continuar la cooperación para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”.
También expone que luego de conversaciones entre funcionarios de ambos países, la Fiscalía estadunidense consideró que el retiro de los cargos contra Cienfuegos es un asunto de interés público, “en reconocimiento de la estrecha cooperación entre Estados Unidos y México en materia de investigaciones bilaterales y aplicación de la ley, en apoyo de esa asociación policial, lo cual fortalece la seguridad de los ciudadanos de ambos países”.
Al respecto, funcionarios del gobierno mexicano confirmaron a MILENIO que la detención de Cienfuegos había puesto en entredicho la cooperación bilateral en materia de seguridad pública.
Ayer mismo, luego de que se diera a conocer el comunicado conjunto sobre el desistimiento de los cargos contra el ex titular de la Sedena, el canciller Ebrard detalló que entre el 21 y el 28 de octubre pasados sostuvo comunicación con autoridades estadunidenses para expresarles el descontento del gobierno mexicano por no haber sido enterado de que existía una investigación en contra del general retirado Cienfuegos.
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En todas, expuso Ebrard, se hizo saber el descontento del gobierno de México por la falta información compartida en la investigación y la posterior detención del ex secretario de la Defensa Nacional, “basándome en el criterio de que tenemos una alianza contra la delincuencia organizada y no era, para nosotros, para el gobierno de México, entendible que siendo aliados no se hubiese notificado a la parte mexicana”.
De hecho, en su solicitud de desistimiento de cargos contra el general mexicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que había actuado solo y que funcionarios del gobierno de México no conocían la acusación contra el ex titular de la Sedena en el momento de su arresto, ocurrido el pasado 15 de octubre, en Los Ángeles, California.
REGRESO A MÉXICO
En la solicitud del gobierno estadunidense a la jueza que lleva el caso, Carol Amon, para retirar los cargos contra Cienfuegos se explica que se ha establecido un acuerdo con él para que una vez que su caso sea desestimado, regrese voluntariamente a México, bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
Hoy, Amon, jueza del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn, llevará a cabo una audiencia en la que se analizará la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Al respecto, el canciller Ebrard destacó que si la impartidora de justicia acepta la petición del gobierno estadunidense de no actuar contra el general Cienfuegos, éste llegará a México en calidad de ciudadano mexicano libre de cargos en Estados Unidos.
Funcionarios federales en México señalaron, por su parte, que una vez que el ex secretario llegue a México, se le notificará que la FGR ha abierto una carpeta de investigación en su contra, y que será esta dependencia la que determinará los pasos a seguir y que una probable detención dependerá del momento procesal que determinen la Fiscalía y el juez de control.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia había pedido a la jueza Amon que la solicitud de desistimiento de cargos contra Cienfuegos se mantuviera en secreto “hasta que el acusado ingresara y fuese liberado en México”.
No obstante, la jueza decidió ignorar la petición y en su lugar pidió que antes de las 5 de la tarde de ayer martes el gobierno estadunidense le ofreciera “respaldo” para explicar la decisión. Al no llegar dicho respaldo, la impartidora de justicia ordenó desclasificar los documentos 20, 21 y 22, lo cual motivó el comunicado conjunto de los fiscales Barr y Gertz Manero.
CRONOLOGÍA
15 DE OCTUBRE
Cienfuegos es detenido; las autoridades de EU informan al gobierno mexicano sobre la indagatoria.
21 DE OCTUBRE
Ebrard se reunió con el embajador Landau y le expresa su “descontento por no haber sido enterado”.
26 DE OCTUBRE
Ebrard habló por teléfono con el fiscal William Barr, y le comunicó el “descontento del gobierno de México”.
28 DE OCTUBRE
La cancillería envió una nota diplomática al gobierno de EU “expresando el profundo extrañamiento”.
30 DE OCTUBRE
El director para América del Norte recibió físicamente un oficio suscrito por la DEA de 743 páginas.
Con información de: Jannet López Ponce y Juan Alberto Vázquez.