Un Tribunal Federal puso fin a las pretensiones de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual intentó llevar a proceso a la ex directora general de Programación y Presupuesto, Débora Schlam Epelstein, quien fue colaboradora del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
A la mujer se le señaló de un presunto desvío de 111 millones de pesos de la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
- Te recomendamos Jesús Murillo Karam, el ex procurador detrás de la "verdad histórica" del caso Iguala Estados
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México, confirmó la resolución de una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente, quien rechazó vincularla a proceso en dos causas penales.
Las resoluciones del Tribunal de Apelación fueron dictadas a mediados de abril y principios de mayo del presente año, con lo que se puso fin a estos asuntos.
¿De qué acusan a Débora Schlam?
En ambos casos, la FGR pretendía que se le vincularan a proceso por los probables delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, fraude equiparado, peculado y asociación delictuosa.
A Débora Schlam se le imputó por haber girado el oficio circular DGPP/003/2014 mediante el cual ordenó a los Directores de Administración, Coordinadores Administrativos y Enlaces de las diversas Unidades responsables a transferir el remanente de los recursos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
Los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2013, a la cuenta bancaria a cargo de la Dirección General de Seguridad Institucional, la cual se entregó únicamente a la Unidad Administrativa de la Policía Federal Ministerial (PFM).
La PFM realizó la transferencia de recursos por 100 millones de pesos, pero no así la totalidad del remanente con el que contaba.
Con esta transferencia se erogaron los recursos públicos a través de siete pagos a diversas empresas privadas para la contratación de productos y servicios en las que no era procedente la utilización de la partida presupuestal 33701, Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
Ya que los servicios contratados de ninguna manera se consideran actividades que implicaran, invariablemente, los rubros de riesgo, urgencia o confidencialidad, así tampoco se encontraban vinculadas a investigaciones específicas.
En la otra causa penal, la FGR la pretendió responsabilizarla por los pagos de la supuesta adquisición de equipos de comunicación, en los que se usaron 11 millones 647 mil 091 pesos, los cuales supuestamente fueron usados para una aplicación pública distinta a la que estaban destinados.
“En los conceptos de agravio se sostiene que la Fiscalía en ningún momento acreditó el nexo causal entre los ‘presuntos’ fondos públicos y la ‘aplicación distinta’ a la que estuvieren destinados, al no haber aportado dictamen en contabilidad respecto de dichos fondos, así como tampoco se advierte alguna técnica de investigación con los que se diera seguimiento a los movimientos que ‘presuntamente’ se pudieron generar entre las cuentas bancarias de la Federación y las empresas privadas (…) con la cuenta de la Policía Federal Ministerial a la Dirección General de Seguridad Institucional, por lo que no existe certeza de las operaciones a las que hizo referencia la Fiscalía”, detalla una de las resoluciones.
RM