Una jueza federal vinculó a proceso al ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segrestre, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Este es uno de varios casos que hay en su contra por el probable uso indebido de recursos públicos asignados al organismo.
De acuerdo con la nueva carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), se presume que René Gavira probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa.
Lo anterior, le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones con recursos públicos, violando lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por esta razón, se llevó a cabo la audiencia de imputación ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, donde el agente del Ministerio Público Federal solicitó la vinculación a proceso contra el ex funcionario, por el delito antes mencionado, en la modalidad cuando el servidor público que ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico.
La juzgadora consideró que de los datos de prueba expuestos por la FGR probablemente se acredita la existencia de un delito y la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de la conducta señalada.
Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y decretó las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, prohibición de salir de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos.
René Gavira ocupó la titularidad de Segalmex hasta el 30 de junio de 2020, fecha en la que presentó su renuncia al cargo. En abril de este año, también fue vinculado a proceso por su supuesta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
En aquella ocasión, la FGR documentó que en el periodo del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, Gavira Segreste presumiblemente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa.
La autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilegal, porque el Estatuto Orgánico de Segalmex, detalla que el director general no cuenta con la facultad para colocar recursos públicos en tales certificados.
De igual forma, la compra va en contra de lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.
IR