Luego de más de seis años de litigio, la Fiscalía General de la República entregó 120 tomos digitalizados del expediente de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, sin testar a dos salvadoreñas cuyos familiares fueron asesinados por Los Zetas, cuerpos que se localizaron juntos con los de otras víctimas en 193 fosas clandestinas en 2011.
- Te recomendamos Concluye búsqueda de fosas en Acapulco; hallaron 21 Estados
La dependencia federal informó al juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, que el 20 de diciembre del presente año hizo entrega de 30 tomos, con lo que suman 120, de los 150 que tienen que dar a cada víctima indirecta, es decir a Bertila Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño Alvarado; sin embargo, la FGR pidió una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia.
A principios de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundado el recurso de inconformidad promovido por las salvadoreñas que reclamaron que el juez Décimo de Distrito de Amparo emitió un acuerdo donde dio por cumplida la sentencia de la mencionada Sala emitida en 2016.
La Sala reconoció el carácter de víctimas a las familias de los extranjeros que perdieron la vida en San Fernando, además de que les abrió la puerta para que puedan demandar la reparación del daño, además de que pueden tener acceso a la indagatoria, sin testar.
La Primera Sala consideró que el juez interpretó de manera errónea y restrictiva el fallo emitido en 2016, porque consideró que las salvadoreñas sólo tenían derecho a recibir copias de las personas que buscaban, es decir, de sus familiares y no del resto de las víctimas.
Durante varios años, la Procuraduría General de la República se negó a reconocer como víctimas a las dos mujeres, quienes fueron informadas por el Estado mexicano sobre el hallazgo de los restos de Carlos Alberto Osorio (hijo de Bertila) y de Manuel Antonio Realegeño (hermano de Yessenia), en las fosas clandestinas de San Fernando.
Fallo histórico
En marzo de 2016, la Primera Sala de la Corte dictó la sentencia histórica donde trazó el camino que deben seguir tanto mexicanos como extranjeros que han perdido a sus familiares en matanzas cometidas en territorio nacional, porque en su calidad de víctimas pueden demandar la reparación del daño y tener copia de las averiguaciones previas.
Ahora, con la resolución de la Sala emitida en este año, la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero fue obligada a dar copia total del expediente que consta de casi 150 tomos.
Desde hace más de ocho años, Parada de Osorio y Realegeño Alvarado son apoyadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en su lucha por tener acceso a la información del expediente y para que se les reconociera como víctimas indirectas.
No obstante, al igual que las familias de los 72 migrantes asesinados en 2010, las salvadoreñas continúan esperando recibir el apoyo del Estado Mexicano.
kvd