El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, informó que se tiene pendiente de cumplimentar 21 órdenes de aprehensión relacionadas con los casos de extorsión ocurridas contra transportistas de Tizayuca.
De acuerdo con el funcionario judicial, en este proceso los implicados, detenidos y personas involucradas que se ha comenzado a investigar han argumentado homonimia, es decir, cuando una persona es confundida con un prófugo de la justicia por llevar su mismo nombre.
Ante ello, Nieto Castillo dijo que se ha solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores para acceder a información que robustezca las pruebas contra los presuntos involucrados.
“Tenemos 21 órdenes de aprehensión relacionadas con los extorsionadores de los transportistas de Tizayuca y hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información de estas 21 personas para que no puedan alegar, como lo han hecho, homonimias”.
Añadió que actualmente se tiene tres personas con prisión preventiva justificada “en este momento y la idea es desarticular este grupo que tanto daño están haciendo en Tizayuca”.
El fiscal estatal aseguró que las 21 órdenes de aprehensión que se tienen pendientes “están por ejecutarse, lo haremos en las próximas fechas teniendo la información de la Comisión Nacional Bancaria”.
Nieto Castillo añadió que en este proceso el miércoles se recibió comunicación de una juzgadora federal quien negó que la dependencia judicial accediera a datos entre líneas telefónicas por lo que anunció que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura.
Esto, en razón de que el “argumento que esgrimió en un tema vinculado con la extorsión a transportistas de Tizayuca fue que se trataba de un tema de delincuencia organizada y era competencia federal cuando el delito de extorsión y el delito de secuestro son competencia del fuero común y tenemos competencia concurrente”.
Entre junio y septiembre del año en curso, el municipio de Tizayuca vivió una crisis de transporte de pasajeros derivado extorsiones por las que dos conductores fueron ejecutados, uno en Tizayuca y otro en Estado de México, además de la quema de un autobús a manos del grupo de extorsionadores conocidos como Los Hijos del Diablo.