La Fiscalía General de la República integró las primeras carpetas de investigación contra seis evasores fiscales por operaciones "simuladas" al triangular recursos con factureras, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, equiparado a delincuencia organizada.
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El monto de las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (FGR), asciende a 37 millones 802 mil 967 pesos.
De acuerdo con la nueva Reforma Penal Fiscal, estos evasores podrían alcanzar prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel, mientras que a los factureros se les sancionaría con 16 años de prisión y el decomiso de sus bienes.
Desde junio del año pasado, las autoridades hacendarias invitaron a los deudores que habían utilizado empresas factureras a regularizar su situación fiscal para evitar consecuencias penales. Ahora, la Procuraduría Fiscal de la Federación inició acciones contra quienes no lo hicieron.
Una de las investigaciones de la Procuraduría Fiscal es contra Javier Gustavo Garnica Zuleta, propietario y director general de Linguatec, centro de capacitación y formación con tecnología de punta para la enseñanza de idiomas como el inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros.
La empresa, que cuenta con 19 escuelas a nivel nacional, realizó operaciones fraudulentas con la facturera SAV DELL SA de CV, por 14 millones 123 mil 724 pesos por recibos de honorarios asimilados a salarios.
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Otra es contra Luis Ronaldo Balam por operaciones ilícitas con la facturera Impulso Empresarial Becka, por un monto de 9 millones 676 mil 914 pesos.
Sobre la facturera pesa una investigación en Tulum, Quintana Roo, por un "contrato ilícito" por prestación de servicios por la cantidad de un millón 49 mil 858 pesos.
Además, está mencionada en las investigaciones de la Fiscalía General de la República como beneficiaria en los esquemas de subcontratación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, donde operó recursos por 9 millones 578 mil pesos.
Otra es contra el notario Arturo Ramos Alatorre por manejo de recursos de manera ilícita con la empresa Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos Residuales SA de CV, por un monto de 7 millones 49 mil 56 pesos.
En su sitio web, la facturera se define como una empresa "dedicada a ofrecer soluciones y apoyar en proyectos de carácter sustentable, para el cuidado del medio ambiente. Por medio del diseño, desarrollo y construcción de la idea para satisfacer las necesidades de sus clientes".
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Otra es contra Daniel Enrique Contreras Tirado por operaciones ilegales que ascienden a 6 millones 112 mil 624 pesos con la facturera Costa Bella y Sands de R.L. de C.V.
También fue presentada una denuncia contra Maximiliano Hernández Suárez por el manejo ilícito de 575 mil 821 pesos con la empresa Black Systems VIP SA de CV.
La facturera forma parte de una red de lavado de dinero en la que se habría involucrado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de ese estado y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), junto con diversas empresas y proveedores habrían operado recursos por 52 millones 307 mil 485 pesos.
La última denuncia es contra Jaime Ramírez Peralta por gestión de recursos ilegales nuevamente con Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos Residuales SA de CV, por 264 mil 828 pesos.
En junio del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que el gobierno presentó un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras que simularon operaciones por 93 mil millones de pesos, las cuales provocaron que el fisco dejara de recibir 55 mil 125 millones de pesos.
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Explicó que si hubieran pagado los impuestos correspondientes, el SAT hubiera recibido 24 mil 583 millones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales, consideró, serán muy difíciles de recuperar.
Sin embargo, dijo que hay 19 mil millones de pesos de impuestos retenidos que no fueron entregados que sí podrían recuperarse.
En tanto, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, afirmó que antes no se llevaban a cabo investigaciones. "Proliferaron las factureras porque se permitían; las factureras no pueden seguir adelante, tenemos que pagar impuestos y cumplir con obligaciones fiscales. No hay crimen perfecto, estamos llevando investigaciones que nos van a permitir llegar a las cabezas”, resaltó.
"El mensaje que se quiere enviar hoy es que se acabó la fiesta", sentenció.