Los integrantes de la familia Jenkins de Landa, señalados por presuntamente desviar millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, promovieron un amparo contra las órdenes de aprehensión que existen en su contra.
En marzo, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, libró una orden de aprehensión contra ellos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 14 mil millones de pesos.
La demanda de garantías presentada por Roberto Jenkins de Landa y otros familiares fue admitida a trámite por Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Sin embargo, la juzgadora dejó pendiente dictar su resolución en torno a si otorga o no la suspensión provisional solicitada.
Ortega Tlapa apercibió a los demandantes que “narren de manera clara, concisa y sucinta todos y cada uno de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto que desean combatir”, y que precisen el domicilio donde se pretendieron ejecutar las órdenes de aprehensión por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, de la FGR.
Actualmente, la FGR indaga el destino de más de 200 millones de dólares que pertenecen a la Fundación Mary Street Jenkins, los cuales presuntamente fueron desviados a paraísos fiscales por integrantes de la familia Jenkins de Landa.
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La dependencia tiene aseguradas diversas propiedades con un valor de alrededor de 400 y 500 millones de dólares que pertenecen a la fundación.
La Fundación Mary Street Jenkins fue constituida en 1954 por William Oscar Jenkins, quien decidió que su patrimonio multimillonario fuera destinado a bienestar, cultura y educación en especial de los poblanos, fortuna que suma un poco más 720 millones de dólares.
Pese a ello, se designaron patronatos al interior de la fundación y como patronos se eligió a la misma familia, entre ellos a su hijo Guillermo Jenkins, junto con su esposa Elodia Sofía de Landa, y con sus hijos.
Después constituyeron la Fundación Bienestar de Filantropía, misma que registraron en Aguascalientes, y modificaron los estatutos de la Fundación Mary Street Jenkins para transmitir todos los bienes y recursos, dejándola sin dinero.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla también tiene en sus manos una carpeta de investigación por el presunto delito de administración fraudulenta por dejar sin patrimonio a la Fundación Mary Street Jenkins.