El camino para llegar a la justicia ha sido lento para la familia Velázquez Florencio, en el municipio de Chimalhuacán al oriente del Estado de México.
No sólo tienen que pagar los feminicidas de Diana, quien fue privada de la vida en julio de 2017, sino también los servidores públicos que cometieron anomalías desde el hallazgo de la joven a quien dictaminaron como un masculino.
Codhem reconoció que servidores públicos incurrieron con anomalías
En 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoció que los servidores públicos actuaron con anomalías desde el levantamiento del cuerpo de Diana y emitieron recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para iniciar las investigaciones correspondientes en contra de los señalados y garantizar la no repetición del hecho.
Diana estaba afuera de su casa en el municipio de Chimalhuacán cuando desapareció, había salido a realizar una llamada telefónica y se iba a ir con su madre a una consulta médica, pero ya no supieron más de ella; de inmediato la familia denunció la ausencia.
Familiares de la joven denunciaron inconsistencias en caso
Ese mismo día fue hallado el cuerpo de una persona sin vida a unas cuadras de la vivienda, sin embargo, los peritos que acudieron a las diligencias reportaron que se trataba del cuerpo de un hombre lo que retrasó que su familia la identificara y se agilizaran las investigaciones, pues la joven fue identificada hasta una semana después.
“Hubo muchas inconsistencias, no hicieron bien su trabajo, no actuaron con perspectiva de género, entonces sí hay una responsabilidad, hemos luchado desde el 2024, todo el 2025, al finales del 2025”, detalló Lidia Florencio, madre de Diana.
Pese a que se interpusieron cargos contra el Ministerio Público, los Policías de Investigación y Peritos que estuvieron en el lugar de los hechos, hasta el momento las acusaciones sólo han procedido contra una de las peritos que ha sido llamada a comparecer ante un juez y no ha cumplido.
El viernes 13 de marzo estaba programada una audiencia en contra de la perito en los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, pero las autoridades la suspendieron bajo el argumento de que no localizan a la señalada.
“Pues tienen que saber exactamente en dónde vive la perito, porque en domicilio que dio ya fue hasta el actuario para corroborar que si vivía ahí y pues según a lo que nos dijeron, pues no, no vive ahí entonces ahorita pues lo que sigue es saber exactamente en dónde está, van a consultar en varios lugares, tanto de la fiscalía, porque en la fiscalía ella sigue trabajando, o sea, sigue ejerciendo su profesión”, dijo.
En 2022 Jesús Alejandro Montes fue declarado culpable por el feminicidio de Diana, un juez dictó 93 años de prisión. La familia asegura que hay otra persona involucrada en el caso, pero hasta la fecha no ha sido detenida por lo que continúan con la petición de justicia.
kr