Debido a los bajos niveles de confianza en el Ministerio Público y la Policía de Investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), rotó en menos de año a 920 servidores públicos para prevenir y erradicar la corrupción de la institución y mejorar su nivel de eficiencia.
De acuerdo con el primer informe de gestión que el fiscal José Luis Cervantes Martínez presentó al Congreso del Estado de México era necesario actuar de inmediato, ante el bajo nivel de confianza y la percepción de corrupción que tiene la sociedad de la institución y por lo cual 32 servidores públicos renunciaron voluntariamente.
Por ello implementó un programa general de revisión del perfil y trabajo de todo el personal, apoyado por la Secretaría de Marina y Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Táctico para identificar a quienes no cumplían con los parámetros de conducta institucional.
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Mala imagen de la institución
Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, realizada por el Inegi, el fiscal advierte que el nivel de confianza en el Ministerio Público pasó de 44.9 a 42.5 por ciento entre el 2021 y el 2022, mientras el nivel nacional se ubicó en 57.7 y 55.9 puntos, respectivamente.
En la Policía de Investigación también bajó el nivel de confianza de 47.3 por ciento en el 2021 a 42.1 por ciento en el 2022, ubicando a la entidad por debajo de la media nacional de 57.7 y 56 puntos porcentuales los dos últimos años.
El nivel de corrupción que percibe la ciudadanía pasó de 75.7 a 77.3 por ciento en el Ministerio Público y de 72.6 a 71.7 por ciento en la Policía de Investigación. En ambos rubros, los niveles son más preocupantes a los que se registran a nivel nacional.
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Revisión y rotación
Por esta razón la Fiscalía inició un programa permanente de rotación, depuración y reorganización con el fin de prevenir y erradicar la corrupción, apoyado por instancias nacionales para identificar, a través de la revisión de expedientes internos, a servidores desde el más alto nivel hasta operativos, que estuvieran relacionados con actividades que no cumplían con los parámetros de la conducta institucional.
La respuesta inmediata fueron las renuncias de cuatro fiscales, tres fiscales de atención especializada, dos fiscales de Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, un fiscal de Combate al Secuestro, 15 policías de investigación y siete jefes de unidad, es decir 32 servidores públicos.
Después de esto, indica el informe, se realizó un cruce de información en las áreas de investigación, supervisión, control y sanción de la Fiscalía para detectar malas prácticas, desde procedimientos administrativos derivados de responsabilidades administrativas, conductas graves, procedimientos por incumplimiento a los principios y obligaciones en el desempeño de sus funciones, por estar relacionados con investigaciones y no ajustarse a la conducta institucional.
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920 movimientos
Se puso en funcionamiento el programa masivo de rotación de servidores públicos, el cual inició con una reestructuración de diversas áreas, con el fin de reducir riesgos de corrupción y contrarrestar sus efectos nocivos. Para ello tomaron en cuenta las faltas administrativas y conductas sujetas a investigación, casos de abuso de autoridad, cohecho, indebida prestación del servicio, malos tratos o no registrar diligencias en el sistema informático de gestión institucional; además de la antigüedad en su adscripción actual y lugar de residencia.
Esto se llevó a cabo durante cuatro fases y como resultado se rotaron 920 servidores públicos en 13 regiones, de los cuales 623 fueron agentes del ministerio público, 78 policías de investigación, tres jefes de unidad, 15 peritos y un subdirector.
De estos 356 correspondieron a la Vice Fiscalía General, 116 a la Fiscalía Central de Atención Especializada, 24 a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a Violencia de Género, 94 la Fiscalía Central Jurídica, 13 a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 284 a la Agencia de Investigación Criminal y 33 a la Coordinación General de Atención y Justicia Restaurativa.
OMV