La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar que dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) son presuntos responsables del delito de peculado, derivado de un supuesto desvío de más 186 millones de pesos, dinero que fue entregado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado.
Por este motivo, Eligio Valdenegro Gamboa, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas con residencia en Cintalapa, determinó no vincular a proceso a Rafael Zozaya Nucamendi, director de recursos materiales e infraestructura, y a Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la UPCH.
En la audiencia realizada el martes pasado, los fiscales no pudieron establecer cómo y cuándo se hizo la entrega y transferencia de 186 millones 113 mil 374 pesos que presuntamente se desviaron.
Asimismo, omitieron señalar la fecha en que se entregaron esos bienes a los imputados o a la Universidad Politécnica de Chiapas.
Tampoco expuso en qué fecha se hizo la transferencia; sin embargo, el oficio IV-DGPP-204/2019 de 31 de enero de 2019 por el que se remiten copias certificadas de las CLC 584, 585 y 610, así como los comprobantes de SPEI de 15 de abril y 15 de marzo de 2016, se desprendió que la entrega de los recursos fue a partir de marzo de 2016.
La defensa de los imputados demostró que, en diciembre de 2015, se firmaron cuatro actas de entrega recepción por el cumplimiento de los convenios específicos con José Antolino Orozco Martínez.
A partir de ese finiquito la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizó la transferencia de los recursos a la UPCH.
La FGR argumentó que los recursos se obtuvieron con maquinaciones, ya que el convenio general y los específicos no fueron firmados por Orozco Martínez, así como también que los entregables no fueron entregados.
No obstante, los fiscales no expusieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los actos de simulación a los que hizo alusión. Tampoco contó con un dictamen de falsedad de firmas que soportará su imputación.
Ante esta situación, el juez Valdenegro Gamboa determinó que no se configura el delito de peculado y mucho menos podía hacer una reclasificación del ilícito porque de hacerlo estará subsumiendo funciones del fiscal.
Se concluyó que en diciembre de 2015 se firmaron las actas finiquito con la que se entregaron a la Sedatu los convenios entregables, siendo hasta marzo y abril de 2016 cuando se hacen los pagos de los convenios específicos celebrados entre el Ejecutivo Federal y la institución pública y posterior a ello es que la Universidad Politécnica de Chiapas realizó los pagos a diversas empresas.
bgpa