Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, de permitir la liberación de testigos, dilatar su actuar judicial y hasta de proteger al ex procurador Jesús Murillo Karam.
En el 188 Período de Sesiones de la CIDH, este jueves se realizó una audiencia pública del caso a la que no acudió el actual titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, sino que sólo mandó una carta.
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En ella mencionó que durante la gestión de Gómez Trejo, que inició el 26 de junio de 2019, existieron irregularidades.
“Durante su gestión continuaron las liberación de posibles responsables detenidos, hubo dilación en su actuar jurídico, ejemplo de ello es que se perdieron testigos de identidad reservada vitales para tal caso”, señaló en la misiva leída por la representante de la Cancillería mexicana.
“En agosto de 2022, cuando se planteó la judicialización del ex procurador general de la República, como uno de los principales responsables de estos hechos (la creación de la verdad histórica), el entonces titular de la Unidad Especializada se negó rotundamente a hacerlo y renunció a su cargo, propiciando impunidad”.
Según Gómez Piedra y algunos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresaron inconformidad por la detención de Murillo Karam.
“Argumentaron que se requería más tiempo para la integración de la carpeta de investigación, aunque habían pasado más de ocho años de los hechos”.
El fiscal especial también indicó que detectó que los representantes del Ministerio Público del más alto nivel, en la administración pasada, fueron omisos e incumplieron los plazos y procedimientos legales.
“Por lo que se facilitó las condiciones para que los inculpados salieran libres, con los argumentos judiciales de haber detectado errores graves al debido proceso y se decretaron autos de libertad por falta de elementos".
En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, consideró que el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa minimizó la tortura.
“El 80% de su contenido (de la carta) se orienta a denostar el trabajo del fiscal previo y no a presentarnos cuáles son las líneas de investigación actuales, cómo se van a superar los obstáculos que se han generado por la presión militar, e incluso con afirmaciones muy preocupantes, porque lo que expresa el abogado, al que hoy le han encargado la fiscalía, es una tremenda minimización de los efectos perniciosos de la tortura sobre los procesos penales”, advirtió.
“Bajo su consideración, la acreditación de la tortura no debería haber redundado en la liberación de nadie y, peor aún, dice textualmente que lamenta que se vino abajo el trabajo realizado. ¿Cuál es el trabajo del que nos habla el fiscal? Pues nada más y nada menos que la acusación de la ‘verdad histórica’”.
Durante la audiencia, realizada en Washington DC, la comisionada Esmeralda Arosemena, quien fuera relatora especial para México, lamentó que en el caso Ayotzinapa continúe un pacto de silencio.
"Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables”, indicó.
RM