La Fiscalía General de la República anunció que apelará la decisión del juez federal que rechazó vincular a proceso al ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Simón Pedro de León Mojarro, tras considerar que no hay elementos de prueba suficientes en su contra.
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De acuerdo con la investigación, el servidor público imputado autorizó indebidamente la contratación entre dos entidades públicas, una federal y otra local, lo que el juzgador argumentó como legítimo.
“En su momento, la Fiscalía General de la República hizo saber al juez, con toda claridad, que la operación efectuada entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México, fue utilizada para otorgar un contrato por 124 millones 100 mil pesos, para la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales, a través de una herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), detalló la dependencia.
La fiscalía aseguró que acreditó que la CUIS no fue realizada de manera directa por la Universidad en virtud de no contar con capacidad técnica, material y humana, por lo que la institución educativa subcontrató a dos empresas para estas tareas.
“De tal forma que, del contrato otorgado por 124 millones 100 mil pesos, la Universidad pagó a esas dos empresas 61 millones 222 mil 808 pesos, sin acreditar el destino del monto restante, equivalente a 62 millones 877 mil 192 pesos”, subrayó la FGR.
El juzgador consideró que el delito que se le imputó al servidor público se trata de un tipo de convenio que no está regulado por la Ley de Adquisiciones.
En marzo del presente año, Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también fue liberado por los mismos argumentos.
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