La Fiscalía General de la República (FGR) busca detener a la Aurelia “N”, agente del Ministerio Público Federal quien fue testigo de una llamada anónima el 26 de octubre de 2014 en la Seido, en la que informó que los 43 normalistas de Ayotzinapa estaban muertos y que sus restos fueron tirados en el basurero de Cocula, Guerrero.
- Te recomendamos Expediente de implicado en caso Ayotzinapa que fue clave para la "verdad histórica" Policía
La orden de aprehensión, revelaron funcionarios federales, no guarda relación con el caso Iguala, sino con la investigación que realizó la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y que puso al descubierto una presunta red delictiva conformada por servidores públicos de FGR, ex funcionarios de Jalisco, empresarios y reconocidos abogados.
De acuerdo con fuentes federales, a las 23:15 horas del 26 de octubre de 2014, Aurelia “N” y el agente investigador Luis Manuel López Mendieta, fueron testigos de la llamada anónima que se recibió en la Seido y que contestó la agente Diana Elizabeth Guerrero Ruiz, donde se les alertó sobre el supuesto paradero de los cuerpos de los normalistas.
El 27 de octubre personal de la PGR acudió al basurero municipal de Cocula y un día después, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acudió a la zona con Agustín García Reyes, El Chereje, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos.
El detenido reveló que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el tiradero municipal, y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.
En octubre, la FGR judicializó una carpeta de investigación donde estableció que desde la Unidad de Investigación Especializada en el Combate al Secuestro, de la Seido, la presunta red planeó hacerle daño a una mujer y a su familia, a raíz de su divorcio con Juan Pablo González Cimadevilla, empresario que se cree organizó dicha red.
Actualmente, hay cuatro agentes de Interpol-México vinculados a proceso por diversos delitos, entre ellos tortura.
Ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, los fiscales aseguraron que autoridades de la FGR obtuvieron órdenes judiciales para intervenir las comunicaciones de la familia afectada, realizaron cateos, “sembraron droga”, robaron artículos de valor, amedrentaron a una mujer y su familia, y torturaron a un menor de 17 años. Los supuestos delitos se cometieron entre abril y mayo del presente año.
Delgadillo Padierna ordenó la captura de 12 personas, entre ellas Aurelia “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de robo agravado y asociación delictuosa.
La agente del interpuso una demanda de garantías, pero el juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal rechazó otorgarle la suspensión definitiva.
El juez Delgadillo también ordenó detener al ex titular de la mencionada unidad de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, uno de los principales funcionarios que encabezó la pesquisa de los 43 normalistas.
La orden contra el ex fiscal se concedió por los presuntos delitos de falsificación de documento agravado, contra la administración de justicia, simulación de pruebas, contra la salud en la modalidad de posesión simple respecto de clorhidrato de cocaína, delta-9 tetrahidrocanabinol, metanfetamina, cannabis sativa L. y MDMA, asociación delictuosa y tortura.
Los ilícitos contra ambos ex servidores se pudieron conocer, porque Delgadillo Padierna envió un informe justificado al juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo, Erik Zabalgoitia Novales, donde está radicado el amparo de Ramírez.