La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevaron a cabo el desmantelamiento de un predio posiblemente utilizado como centro de procesamiento clandestino, en Michoacán.
Aseguramiento en predio
En Zitácuaro, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, realizaron actos de investigación por probables delitos contra la salud, que derivaron en la localización de un predio.
Dicho lugar estaba dividido en ocho zonas, donde se localizaron 119 contenedores con precursores químicos, 61 objetos para la elaboración de drogas sintéticas, así como el aseguramiento de 19 muestras representativas.
Los objetos y sustancias halladas fueron destruidas por personal de Defensa, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR.
Operativo similar
En mayo de este año, la Secretaría de Marina localizó y desmanteló cinco narcolaboratorios en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, en coordinación con la SSPC y FGR, se llevaron a cabo las acciones para localizar los laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas.
En Jalisco, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.
En el operativo de Nayarit, al realizar recorridos de disuasión en inmediaciones de El Capomo, se localizaron 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida.
Y en Sinaloa, en el poblado de Corralejo, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente mil 500 litros de producto terminado, así como dos mil 500 litros de precursores químicos, tres mil 100 litros de sustancia de uso dual, mil 200 kilos de sosa cáustica, así como diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.
Todo el material asegurado en las diferentes acciones fue inhabilitado para evitar su reutilización, además fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes. La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 650 millones de pesos.