La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ya se siguen todos los procedimientos legales contra el juez federal Daniel Ramírez Peña, quien ayer rechazó vincular a proceso a siete personas señaladas por su presunta responsabilidad en la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario por parte de OHL-Aleática, y quien ordenó sobreseer la causa penal por no existir delitos que perseguir.
La dependencia federal dijo que el año pasado, el juez absolvió del delito de enriquecimiento ilícito al ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, cuya destitución fue confirmada meses después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ex magistrado fue señalado en su momento por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente tener nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero en México no se le siguió algún proceso por esta información.
“…el 29 de junio de 2023, este mismo juez (Ramírez Peña) dictó sentencia absolutoria en favor de un magistrado de circuito, a quien se le seguía juicio por enriquecimiento ilícito, en la causa penal 519/2019, en materia federal.
“Cabe señalar que ya se logró que dicho magistrado de circuito fuera destituido del Poder Judicial Federal”, señaló la FGR.
Ahora, en el caso del caso del Viaducto Bicentenario, indicó que al juez Daniel Ramírez Peña ya se le siguen todos los procedimientos legales, para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la nación.
Ayer, el juzgador Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito a Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó no vincular a proceso a Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director General de OHL, respectivamente.
Ni a Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, ex secretarios generales de Gobierno y de Movilidad, respectivamente; ni a Jorge Joaquín González Bezares, director general de la Junta de Caminos, y Alberto Tomás Angulo Lara, director General en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.
Asimismo, ordenó sobreseer la causa penal por no existir elementos que demuestren un delito.
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