La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes busca imputar por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para la FGR, los académicos y científicos recibieron 244 millones de pesos que fueron destinados al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en el sexenio pasado, particularmente, de 2013 a junio de 2019, dinero que se utilizó para pago de servicios y no para investigación.
Este miércoles Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, rechazó otorgar los mandamientos judiciales.
A través de un comunicado, la FGR señaló que intentará de nuevo pedir los mandamientos judiciales.
Advirtió que promoverá todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
Explicó que el juez federal señaló en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella, y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta, señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.
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“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al foro como un órgano interno de esa institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.
“Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.
La FGR consideró que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables y no es necesario, en modo alguno, “el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”.
DMZ