La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a 17 nuevos involucrados en el caso Ayotzinapa y abrió una nueva línea de investigación que señala que, la noche de la desaparición de los 43 normalistas, el dueño de la funeraria El Ángel mantuvo comunicación con integrantes de Guerreros Unidos, además de que los teléfonos de los jóvenes fueron usados posteriormente por él y servidores públicos.
Además, en la funeraria fueron localizados restos óseos, documentos oficiales en blanco con firmas y sellos, un horno clandestino y otros indicios que ahora son sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados para ocultar o desaparecer evidencia relacionada con los estudiantes.
De acuerdo con la investigación, el punto de partida fueron las comunicaciones que, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, sostuvieron integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos Gabriel León Villa, La Gaby; Eduardo Joaquín 'N', El Chucky, y una persona apodada El Gusano, con Rodolfo Rueda, propietario de la funeraria El Ángel y de Funerarias Económicas Rueda.
Al presentar los avances en la investigación a 12 años de la desaparición de los normalistas, Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial en Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, dijo que detectaron que Rodolfo tuvo ocho comunicaciones con Irving ‘N’, entonces estudiante y actualmente nutriólogo, quien también habría mantenido contacto con integrantes de la organización criminal.
Los antecedentes documentados por la investigación establecen que la operación del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y la participación de integrantes de la familia Rueda se remontan a 2010, bajo supervisión del gobierno de Guerrero.
La hipótesis cobró fuerza a partir de los hallazgos y de las declaraciones de testigos colaboradores identificados como Sonia, Damián y Neto.
De acuerdo con esas declaraciones, algunos de los estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
Celulares y restos
El nuevo análisis de las comunicaciones también permitió a las autoridades identificar a personas que utilizaron los teléfonos celulares de los estudiantes después de su desaparición.
Uno de los casos corresponde al teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño. Los registros permitieron identificar que el aparato fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por Mauro ‘N’, un exservidor público de Iguala, es decir, casi un mes después de la desaparición de los normalistas.
Otro aparato, perteneciente al estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fue utilizado por un policía municipal de Iguala el 30 de septiembre de 2014 y posteriormente por su pareja.
Un tercer caso corresponde al teléfono de Israel Caballero Sánchez, utilizado después de su desaparición por la esposa de José Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla, en Iguala.
Las autoridades también cuentan con siete declaraciones, cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente, que son analizadas junto con los registros telefónicos para establecer qué ocurrió con los estudiantes después de su detención.
Los hallazgos llevaron a las autoridades a revisar también las instalaciones del Semefo de Iguala. El 8 de diciembre de 2025 se realizó un segundo cateo.
En el lugar fueron encontrados restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos que presentaban referencias de fechas que se remontaban a 2014. En la parte posterior del inmueble fueron localizados restos óseos calcinados y piezas dentales en un colchón.
Los trabajos permitieron localizar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.
Objetivos
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, comentó que se mantienen procesos penales contra cinco exservidores públicos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el extitular Jesús Murillo Karam y Gualberto Gutiérrez, exdirector del área de secuestros.
Respecto a la solicitud de las familias para revisar los folios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Segob confirmó que, tras una revisión minuciosa ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, se determinó que el Ejército ya había entregado toda la información disponible.
ROA