Un Tribunal Federal concedió una suspensión definitiva al ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, la cual evita que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda imputarle el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Luis Pérez de la Fuente, titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal, determinó que hasta que no se resuelva de fondo el juicio de amparo del ex funcionario no se podrá celebrar la audiencia ordenada por una magistrada de apelación.
Hoy, también estaba prevista una audiencia, en otra causa penal, ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, José Antonio Artemio Zúñiga, relacionada con el ex subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, la cual fue solicitada por su defensa para plantear al juzgador el sobreseimiento del caso. Lo anterior, porque la FGR presentó la acusación de manera extemporánea.
En ambos asuntos, la FGR busca imputarlos por la celebración de un convenio irregular con la Universidad Francisco Madero del estado de Hidalgo, en el cual se les atribuye haber contratado ilegalmente unos servicios estadísticos que no fueron cumplidos, en perjuicio de la Sedatu.
De acuerdo con la FGR, Saldaña Flores supuestamente giró oficios para que se hiciera el pago por 185 millones 839 mil 480 pesos, y Armando Saldaña ha sido imputado ya tres veces por los mismos hechos, a lo largo de casi dos años.
El ex funcionario ha declarado que cuando en junio de 2017 se enteró de la existencia de los convenios supuestamente firmados por él, informó a quienes eran sus jefes en Sedatu, ya que ni siquiera tenía facultades para ello. Incluso presentó denuncias ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En las audiencias se supo que la PGR realizó diversas pruebas periciales sobre más de 30 documentos, resultando que el dictamen del perito oficial de la institución dictaminó que ninguno de esos documentos fue firmado por Saldaña.
El 28 de diciembre de 2018 le fueron imputados por primera vez esos hechos a Saldaña, y el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó auto de no vinculación a proceso; el 2 de enero de 2019, tras la apelación de la FGR, un tribunal unitario ordenó reponer la audiencia, por fallas procesales.
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La segunda audiencia se llevó a cabo el 19 marzo de 2019, en la cual el mismo juez Fuerte Tapia cambió de opinión y dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Meses después, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal echó abajo el auto de vinculación, y ordenó que la audiencia debería ser repuesta nuevamente.
Fue así que el 24 de diciembre de 2019, un año después de la primera cita de Saldaña ante el juez y a nueves meses de la segunda se celebró otra, la tercera audiencia pública ahora presidida por el juez de control Eduardo Vázquez Rea, audiencia en la cual la fiscalía relató al juez que Saldaña ha comparecido ya durante meses ante ella y ha aportado información útil para la investigación.
El juez Vázquez dictó vinculación al proceso, pero como este juez fue distinto del que había oído la imputación, constituyó una violación al debido proceso y a fines de 2019 el Quinto Tribunal Unitario ordenó reponer nuevamente la audiencia, para celebrarla por cuarta ocasión.
Ésta había sido señalada para fines de marzo de 2020, pero fue suspendida debido a la pandemia por covid-19, y fue fijada apenas para el pasado 25 de agosto, pero una suspensión provisional otorgada por Luis Pérez evitó, magistrado que ahora suspendió indefinidamente el caso mientras se pronuncia sobre el amparo
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