La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un tribunal federal que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna no vuelva a tener en sus manos el asunto de los tres abogados y un asesor financiero cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sólo en caso de que se ordene reponer el procedimiento.
En su recurso de apelación, la FGR pidió al Tribunal Unitario en Materia Penal que resolverá la impugnación, que sea otro juez el que conozca la causa penal.
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En el documento que consta de 117 fojas, la agente del Ministerio Público Federal, María Eugenia Castañón, narró que la institución expuso los datos de prueba suficientes para la vinculación a proceso de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez, así como del asesor financiero David Gómez Arnau, para que enfrentaran un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencia, extorsión, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo anterior por presionar al abogado Juan Collado Mocelo para que vendiera su empresa Caja Libertad a Banco Afirme.
Explicó que el juez Delgadillo Padierna no entró al estudio de todos y cada uno de los datos de prueba, lo que conllevó a una flagrante violación a los principios de fundamentación, motivación, congruencia, exhaustividad, legalidad e imparcialidad.
“Causa agravio a esta fiscalía la determinación que se combate, en razón de que el juzgador hizo manifestaciones contrarias a la litis, ya que de forma injusta e insultante, el juez señaló a la Fiscalía General de la República de emplear versiones inverosímiles, que hubo actuación de mala fe, que ocultó información, que se emplearon pruebas fabricadas, que se afirmaron falsedades, que se apostó al error judicial y que nuestro actuar había sido perverso indicando: si en el actuar del Ministerio Público existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, detalla el recurso de apelación.
Asimismo, que el juez declaró que la fiscalía mantenía en la cárcel al denunciante Juan Collado y por otro lado lo defendían oficiosamente, “y además agregó que la fiscalía somos un ente que busca autonomía pero que quiere someter a otros poderes”.
“Lo anterior, no es admisible bajo ninguna circunstancia, ya que un impartidor de justicia lo que tiene que hacer es analizar los hechos, los datos de prueba y los argumentos expuestos por las partes y con ello resolver de forma justa, imparcial y congruente…”, mencionó.
Hace unos días, el juez Delgadillo Padierna tumbó el caso de la FGR y ordenó dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue a Juan Collado y a los fiscales por presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a la forma en que se condujeron en este caso.
Delgadillo Padierna enfatizó que la fiscalía “imputó ficticiamente” a Julio Scherer y se transgredió su derecho a una adecuada defensa.
“No sólo investigaron a Julio Scherer, sino también a Santiago Nieto”, (ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera).
“Enviaron una amenaza velada de que en cualquier momento los va a citar”, dijo el juez.
Por su parte, la FGR anunció que iniciaría una carpeta de investigación contra Delgadillo Padierna y presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano responsable de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales.
DMZ