El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a las autoridades de Jalisco de omisiones e irregularidades en la investigación del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde el colectivo Guerreros Buscadores asegura que existió un campo de exterminio del crimen organizado.
Durante la presentación de un informe sobre el caso, el titular de la FGR confirmó que en el predio, allanado en septiembre del año pasado, se encontraron restos humanos.
“Sí se encontraron restos y pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hizo llegar la fiscalía del estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos, pero de que los encontraron, los encontraron”, reiteró.
Gertz Manero señaló que las omisiones e irregularidades de las autoridades estatales hacen imposible, en este momento, afirmar que el predio haya sido usado como un lugar de exterminio o un campo de entrenamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cuestionado sobre si en los restos hallados hay indicios de incineración o uso de algún tipo de ácido para desaparecerlos, el fiscal sostuvo que “aún no hay un dictamen concluyente”.
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Aclaró que la FGR aún no tiene la investigación bajo su mando, ya que solo cuenta con información preliminar, la cual hace presumir que hay autoridades involucradas con dicho cártel, particularmente policías de Tala.
—¿La FGR se compromete a no darnos otra verdad histórica como la de Ayotzinapa?
—Nombre, pero ni soñarlo. No, no. Esto va en serio. El trabajo que se hace aquí está bien hecho, bien probado y, además, lo estamos haciendo público.
Algunas identificaciones oficiales halladas en el rancho, detalló, corresponden a presuntos sicarios que ya fueron localizados y detenidos en otras entidades.
Explicó que en las diligencias ministeriales realizadas en septiembre y octubre de 2024 no se llevó a cabo el rastreo de indicios o huellas de los hechos.
“Es una obligación ministerial, no se cumplió con el debido registro e identificación de lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio”.
Tampoco se procesaron los vehículos encontrados e incluso tres ya fueron robados, ni se dio “intervención inmediata” a la FGR por posesión y uso de armas y delincuencia organizada.
“No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar ni se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares encontradas. Seis meses después, los servicios periciales de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad e identidad de los restos hallados.
“Tampoco se cuenta con los análisis físicos y químicos que vinculen las diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que debieron de estar sometidas a temperaturas de entre 800 y mil 200 grados centígrados”, destacó.
Gertz Manero subrayó que no se ha establecido “con toda precisión” los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los cárteles que operan en la región, a pesar de que personas secuestradas en dicho inmueble lo declararon.
Sin embargo, señaló que que elementos de la policía de Tala, encabezados por su jefe, actuaron de esa manera y uno ya está detenido.
“Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso, como era obligatorio”, mencionó.
Entre las fallas también enumeró que no se dio “seguimiento cabal” a las declaraciones de una víctima respecto a que las prendas de vestir halladas ahí pertenecían a quienes “los delincuentes reclutaban”.
El fiscal reprochó que después de las diligencias ministeriales locales, el inmueble, del que no se identificaron sus antecedentes ni a su propietario, quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se encontraba asegurado, situación que calificó de “inadmisible”.
Reprochó que no se tomó la declaración inmediata del presidente municipal y del secretario general y de Seguridad Pública de Teuchitlán, ni se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas vinculadas.
Por ello, advirtió que “vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando”.
“No nos lavamos las manos”
El fiscal de Jalisco, Salvador González, se comprometió a entregar “hoy mismo” (ayer) el expediente completo de la investigación sobre el rancho Izaguirre a la delegación de la FGR en el estado.
González destacó que desde el inicio de la administración del gobernador Pablo Lemus se han realizado diversas diligencias relacionadas con este caso que han derivado en la detención de 10 personas que siguen presas.
En un videomensaje, el funcionario anunció que hoy recibirán en Jalisco al fiscal Gertz Manero, quien se espera que recorra dicho inmueble.
González también informó que el rancho será abierto al escrutinio público y que se permitirá el acceso a organizaciones e instituciones que así lo deseen, como colectivos de madres buscadoras de ese estado y de Sonora, así como comisiones nacionales y estatales de derechos.
“Hacemos una invitación pública, además de los medios de comunicación, a madres buscadoras de Guadalajara y de Sonora, comisiones nacionales y estatales de derechos humanos y organismos internacionales a que acudan también al rancho.
“Durante la misma visita, queremos que la sociedad en su conjunto acompañe la investigación y el proceso de esclarecimiento”, declaró González.
El fiscal añadió que incluso se pondrán a disposición camiones para facilitar el traslado de quienes decidan participar en la inspección del lugar, con el fin de garantizar que se realice de manera ordenada y segura.
La intención, afirmó, es que la sociedad civil y las organizaciones puedan acompañar y verificar el avance de las investigaciones, así como contribuir a la documentación de lo ocurrido en el inmueble.
González secundó la propuesta del gobernador jalisciense de crear una comisión de la verdad que trabaje con la FGR, con colectivos de búsqueda de desaparecidos y con organismos de derechos humanos para garantizar la transparencia en el proceso.
“En el caso del rancho Izaguirre nadie se lava las manos… En Jalisco queremos que se conozca la verdad”, señaló.
CHZ